Nueva constitución de Chile/Comisión 3

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Índice[editar]

Introducción[editar]

Participantes[editar]

Sesiones[editar]

Documento S32 - Informe de la Comisión de Forma de Estado sobre el bloque 1 de normas[editar]

Se remitió el oficio N° 163, de fecha 8 de octubre de 2021, por el Secretario de la Convención Constitucional, “para tratar una o más materias en la esfera de su competencia y cuya finalidad es estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales y disposiciones transitorias que serán sometidas para su discusión y aprobación por el Pleno”

Integrantes:

- Tiare Aguilera (en cupo de escaños reservados).

- Julio Álvarez.

- Amaya Álvez.

- Adriana Ampuero.

- Jorge Arancibia.

- Wilfredo Bacián (en cupo de escaños reservados).

- Cristóbal Andrade.

- Eduardo Castillo.

- Eric Chinga (en cupo de escaños reservados).

- Elisa Giustinianovich.

- Claudio Gómez.

- Álvaro Jofré.

- Bastián Labbé.

- Jeniffer Mella.

- Adolfo Millabur (en cupo de escaños reservados).

- Geoconda Navarrete.

- Tammy Pustilnick.

- Ramona Reyes.

- Pollyana Rivera.

- César Uribe.

- Felipe Mena.

- Yarela Gómez.

- Harry Jurgensen.

- Helmuth Martínez.

- Hernán Velásquez.


Acuerdos


Sesión 1 (martes 19 de octubre del 2021): la Comisión procedió a constituirse y elegir a su coordinación paritaria (artículo 74 Reglamento General), donde fueron elegidos en 1er lugar Jeniffer Mella, y en 2do lugar Adolfo Millabur.


Sesión 2 (jueves 21 de octubre de 2021): se eligieron a los convencionales que desempeñarán los roles transversales (artículo 90 Reglamento General), y a los miembros de la Comisión de Participación Popular (artículo 17 Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente). Donde se eligieron a Claudio Gómez y Adriana Ampuero para los roles transversales, y para la Comisión resultaron electos Bastián Labbé y Yarela Gómez (como suplente).


Sesión 10 (11 de noviembre de 2021): se aprobó el cronograma de actividades de la Comisión (según el artículo 72 del Reglamento General de la Convención).


Sesión 11 (11 de noviembre de 2021): se aprobó un documento con los criterios de despliegue territorial, en orden a escoger el lugar donde la Convención Constitucional celebrará sus sesiones en la semana destinada a salir a regiones, esto según el artículo 64 del Reglamento General (la Comisión debe celebrar sesiones al menos en cada una de las regiones del país).


Comisión 18 (7 de diciembre de 2021): se modifica el cronograma de actividades de la Comisión.


II.- OBJETO DE LA COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL.


Según el artículo 64 del Reglamento de la Convención Constitucional fue creada esta Comisión de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, cuyos temas a tratar son los siguientes:


a) Estructura organizacional y descentralizada del Estado

b) Organización territorial interior del Estado y división político-administrativa con enfoque ecosistémico

c) Mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental

d) Gobiernos locales

e) Autonomías territoriales e indígenas

f) Igualdad y cargas tributarias

g) Reforma administrativa

h) Modernización del Estado

i) Territorios insulares y zonas extremas

j) Ruralidad

k) Estatuto de chilenas y chilenos residentes en el exterior

l) Integración de las personas chilenas residentes en el extranjero

m) Autonomía del pueblo tribal afrodescendiente chileno.



De igual manera, el Reglamento General establece los principios sobre los cuales debe basar su actuación la Comisión, es decir:

- Principio transversal de descentralización.

- Principio de Justicia y Equidad territorial.

- Principio de Priorización Territorial.

- Principio de Diferenciación Territorial.

- Principio de Coordinación (cooperación).

- Principio de Responsabilidad Fiscal.

- Principio de Plurinacionalidad.

- Principio de Gobernanza Local.

- Principio de Equilibrio Ecológico.

- Principio de Autonomías Territoriales.

- Principio de Solidaridad y Asociatividad Territorial.

- Principio de participación en la vida nacional.

- Maritorio.


Entre los objetivos generales y específicos (dados por el artículo 64 del Reglamento General), son los siguientes:

La generación y proposición al Pleno de una propuesta de norma constitucional que aborde la forma de Estado y estructura organizacional del mismo, así como la división, ordenamiento y funcionamiento territorial, administrativo, político, fiscal, legislativo u otro ámbito que la comisión determine, así como también sobre temáticas relacionadas con la autonomía territorial y local, esto es, la descentralización propiamente tal, tanto en los ámbitos jurídico, económico, administrativo, fiscal, tributario y político, y los distintos órganos que integrarán su estructura funcional, y nuevas instituciones vinculadas a justicia territorial o creación de normativas locales. Y entre los específicos, se cuentan la emisión de informes al Pleno o a la Comisión para fundamentar las decisiones de aprobación o rechazo sobre determinadas materias; propuestas de despliegue territorial, la canalización de apoyos o alianzas técnicas, favorecer la planificación y zonificación de la totalidad del territorio nacional, y el propiciar herramientas de democracia directa.


Finalmente, se establecen las materias propias de la Comisión (es decir, la competencia de ésta):

- Forma jurídica y administración del Estado (Estado unitario, federal, regional, autonómico, etc.

- Organización territorial del Estado, su división político-administrativa

- Ámbitos de competencias exclusivas de cada nivel territorial

- Competencias de naturaleza política

- Competencias de naturaleza administrativa

- Competencias de naturaleza económica

- Relaciones entre las competencias en todos los niveles territoriales

- Coordinación de competencias

- Control del ejercicio de las competencias

- Mecanismos de resolución de conflictos de competencia

- Financiamiento de los territorios

- Solidaridad, equidad y justicia entre territorios

- Primacía del interés superior de todas las naciones y todos los territorios

- Los deberes constitucionales de los órganos del Estado respecto de los territorios

- Democracia y participación al interior de las unidades político-administrativas

- Estatutos especiales respecto de determinados territorios

- Territorios insulares

- Zonas extremas

- Zonas Aisladas o de difícil acceso

- Chilenos y chilenas residentes en el extranjero

- Libertad de circulación de las personas en cualquier territorio del país

- Normas transitorias transicionales

- Autonomías territoriales, entre otras.



III.- DELIBERACIÓN CONSTITUCIONAL.



1.- Discusión general.


1.1.- Audiencias públicas.


De acuerdo al cronograma, la Comisión celebró hasta antes de la emisión de este informe 31 sesiones, más 6 sesiones de sus subcomisiones 1 y 2, creadas para el efecto de recibir audiencias públicas.

De igual manera, la Comisión abrió un proceso de recepción de solicitudes de audiencias públicas, proceso en el cual se recibieron 570 postulaciones.

Antes de abrirse dicho proceso, la Comisión recibió en audiencia a diversos invitados, propuestos por las y los convencionales integrantes de la Comisión, con el objeto de ilustrarse en torno a las materias que son propias de su competencia.

El listado de las personas e instituciones recibidas por la Comisión, considerando tanto a aquellas recibidas en dependencias del ex Congreso Nacional como a las escuchadas en las sesiones celebradas en regiones, con ocasión del despliegue territorial de la Comisión, así como a aquellas recibidas en audiencias previas y en audiencias obligatorias reglamentarias, es el siguiente:


Sesión 4 (martes 02 de noviembre del 2021): Los Profesores Heinrich von Baer, Humberto Nogueira, Esteban Szmulewicz e Ismael Toloza, representantes de la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado.


Sesión 5 (miércoles 03 de noviembre del 2021):

- El señor Tomás Jordán, abogado y miembro del Observatorio Nueva Constitución.

- El señor Sergio Alburquenque, abogado, académico de la Universidad Diego Portales, y las señoras Pilar Navarro y Patricia Toledo, en representación del Centro de Estudio Universitario sobre Descentralización Financiera y Fiscal.

- El señor Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políticas Públicas de la PUC.

- La señora Carolina Salas, abogada y Doctora en Derecho Constitucional.

- El señor Guillermo Pérez, Investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, miembro Chile Descentralizado.

- La señora Jeanne Simmon, académica de la Universidad de Concepción.


Sesión 6 (jueves 04 de noviembre del 2021):

- Señor Egon Montecinos, académico de la Universidad Austral de Chile.

- Señor Álvaro Magasich, abogado y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Señor Christian García del CEUDEFF Autonomía Financiera y Señora Anggie Flies, Universidad de Magallanes.

- Señor Eddy Burgoa, abogado y experto en regímenes de autodeterminación indígena y descolonización.

- Señor Eduardo Mondaca, Presidente del directorio e investigador permanente de la ONG de investigación Socio-Territorial “Centro de Estudios Sociales de Chiloé”.

- Señor Matías Garretón, Director de la Fundación Rumbo Colectivo.


Sesión 9 (miércoles 10 de noviembre del 2021):

- El señor Martín Besfamille, Académico del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, Pontificia Universidad Católica de Chile.

- La señora Natalia Muñoz Chiú, Profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

- La señora Verónica Figueroa Huencho, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

- El señor Esteban Valenzuela, Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Concepción.


Sesión 1, Subcomisión 1 (martes 28 de diciembre de 2021):

- La señora María Teresa Romero Arrau, Movimiento Escuelas Abiertas.

- El señor Cristóbal Caviedes, Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta

- La señora Macarena Lagos y el señor Jaime Abedrapo, de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián.

- La Asociación Chilena de Municipalidades.

- Los señores Diego Baeza y Edson Ladama, de la Asamblea de Organizaciones que Luchan Calama.


Sesión 1, Subcomisión 2 (martes 28 de diciembre de 2021):

- Los señores Enrique Rajevic y Fabián Pressaco, del Núcleo Análisis Político y Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado.

- El señor Silvio Galaz S., Cabildo Autoconvocado de Queilen.

- El señor Lucas Serrano Barraza, de la Universidad San Sebastián.

- El señor Ricardo Guerrero.

- El señor Sebastián Michaelis, de la Gastronómica el Sartén Ltda.


Sesión 2, Subcomisión 1 (miércoles 29 de diciembre de 2021):

- La señora Pilar Moraga y el señor Marco Billi, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, de la Universidad de Chile.

- El señor Héctor Huircapan.

- La señora Carmen Le Foulon y el señor Luis Eugenio García, del Centro de Estudios Públicos.

- El señor Felipe Rivera, de la Comunidad Indígena Changos Álvarez-Hidalgo y Descendencia, Caleta Chañaral de Aceituno.

- El señor Fernando Peña, del Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco.

- La señora Valeska Salazar.


Sesión 2, Subcomisión 2 (miércoles 29 de diciembre de 2021):

- El señor Italo Omegna Vergara.

- El señor Iván Lepian Pilquinao, Weche Maulen.

- El señor Sergio Endress Gómez, Universidad de Chile.

- El señor Gonzalo Arriagada Kritzler.

- Los señores Luis Castro y Claudio Valle, Changos del Éxodo.


Sesión 3, Subcomisión 1 (jueves 30 de diciembre de 2021):

- Las señoras Ignacia Fernández y Danae Mlynarz, de Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

- El señor Alex Bowen Carranza y la señora Blanca Martínez Martínez, de Causa Emprendimiento.

- El señor Eduardo Abarzúa, la señora Cecilia Osorio y el señor Enrique Rajevic, de la Universidad Alberto Hurtado.


Sesión 3, Subcomisión 2 (jueves 30 de diciembre de 2021):

- La señora Andrea Peroni y el señor Pablo González, Núcleo Interdisciplinario en Investigación Evaluativa, orientado a la Decisión Pública (NIIE), Centro de Sistemas Públicos (CSP), Universidad de Chile.

- El señor Juan Francisco Arellano y Matías Miranda, Asamblea Jardín Alto Organizado distrito 13.

- El señor Diego Martínez e Ignacio Silva, Comunidad de Organizaciones Solidarias.

- La señora Alicia del Pilar González Silva, Amazonas de la Tradición Chilena

- Los señores Cristián Mardones y Mario Calderón, Agrupación Cultores de Cantares y Tradiciones de Aculeo.

- La señora María Jesús Vera, Red Chile Despertó Internacional.



Audiencias públicas en la comuna de Putaendo, Región de Valparaíso (despliegue territorial de la Comisión).


Sesión 7 (martes 9 de noviembre de 2021):

- Señor Edgardo Gonzalez, alcalde de la comuna de Llay Llay.

- Señor Ignacio Villalobos, alcalde de la comuna de Petorca.

- Señor Rafael Sottolichio Bauer, en representación de las Concejalías del Valle del Aconcagua.

- Señor Daniel Morales, en representación de la Asociación Regional de Municipalidades.

- La señora Lizet Briones y el señor Ignacio Lara López, en representación de la Coordinadora Todos Somos Putaendo.

- El señor Juan Carlos Cerda, en representación de la ONG CIEM Aconcagua.



Audiencias públicas en la comuna de Calle Larga, Región de Valparaíso (despliegue territorial de la Comisión).


Sesión 8 (martes 9 de noviembre de 2021):

- La señora Dina González Alfaro, alcaldesa de la comuna de Calle Larga.

- El señor Christian Ortega Villagras, alcalde de la comuna de San Esteban.

- El señor Manuel Rivera Martínez, alcalde de la comuna de Los Andes.

- La señora Rocío Parra Cortés, académica facultad de Derecho Universidad Católica de Valparaíso, en representación del Observatorio de la Costa.

- El señor Gastón Vera Rojas, miembro de la Comunidad Diaguita CampillayGuacalagasta; la Asamblea Autoconvocada de Pueblos Originarios de la quinta región; y el Grupo de defensa patrimonial ancestral de Piedra Tacitas.

- Los señores Andrés Covarrubias y Gonzalo Gallardo, en representación de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y Juntos por Chile.

- La señora Gilda Antonella Miranda Gallardo, asistente social, en representación de la organización medioambiental Valencia nativo y espacio KillaUlcha.

- Los señores Yury Quiroz Mura y Nelson Venegas Salazar, en representación de la Corporación Aconcagua Región y Movimiento Yo Amo Región de Aconcagua.



Audiencias públicas en la comuna de Peumo, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins (despliegue territorial de la Comisión).


Sesión 10 (jueves 11 de noviembre de 2021):

- El señor Carlos Aliaga Donoso, Alcalde de la comuna de Peumo.

- El señor Carlos Núñez Vidal, dirigente campesino de la región.

- La señora Celerinda Valdés Garrido, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) de Peumo.



Audiencias públicas en la comuna de Malloa, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins (despliegue territorial de la Comisión).


Sesión 11 (11 de noviembre de 2021):

- El señor Martín Araño Escalona, de Juntos por Chile.

- Los señores Maurice Dintrans Bauer y Alfredo Vitaglich, en representación de la Delegación O’Higgins del Colegio de Arquitectos de Chile.

- El señor Jorge Valenzuela, en representación de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta).



Exposiciones realizadas en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío (salida de la Convención Constitucional a la Región del Biobío).


Sesión 12 (24 de noviembre de 2021):

- El señor Esteban Krause Salazar, Alcalde de Los Ángeles.

- La señora Cecilia Collio Llanquileo, Presidenta de la Asociación Mapuche Pewun kimun.

- La señora Andrea del Carmen Rojas Vidal, Asociación Mapuche We Rakiduam.

- La señora Denise Silva Quichel, Asociación Mapuche Newentuaiñ.

- Los señores Diego Lapostol Piderit y Cristóbal Cifuentes Torres, de la Universidad San Sebastián.

- El señor Rodrigo Díaz Wörner, Gobernador Regional del Biobío.



Audiencias públicas en la comuna de Alto de Biobío (salida de la Convención Constitucional a la Región del Biobío).


Sesión 13 (jueves 24 de noviembre de 2021):

- El señor Jorge Condeza Neuber.

- El señor Felix Tranamil, Consejo de Lonkos.

- El señor Roberto Manquepi, Lonko de Butalelbun.

- El señor José Rosales, Presidente de la Comunidad Indígena Manuel Neicuman de Ralco Lepoy.

- Las señoras Fernanda Castro Purrán y Valeska Figueroa Bravo, Red por la Defensa del río Queuco.

- El señor Nivaldo Piñaleo Llaulen, Alcalde de Alto Biobío.



Audiencias públicas en la comuna de Yungay, Región del Ñuble (despliegue territorial de la Comisión).


Sesión 14 (jueves 25 de noviembre de 2021):

- El señor Rafael Cifuentes Rodríguez, alcalde de la comuna de Yungay.

- El señor José Patricio Lagos Cisterna, de la Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica de Chillán (COPELEC).

- La señora Gladys Benítez San Martín, Unión Comunal de Adultos Mayores de Yungay.

- La señora Blanca Faúndez Godoy, Presidenta Agrupación de Defensa y Conservación de la Flora y Fauna del Valle Templado de Yungay, ADECOFFY.

- El señor Carlos Bustos, de la Multigremial Osorno.



Audiencias públicas en las comunas de Pozo Almonte, Región de Tarapacá y Arica, Región de Arica y Parinacota (despliegue territorial de la Comisión).


Sesión 15 (martes 30 de noviembre de 2021):

- El señor Nibaldo Ceballos, dirigente de la Comunidad Indígena La Huayca Marka.

- El señor Cristian Báez Lazcano, Mesa Técnico Política Pueblo tribal afrodescendiente chileno.

- El señor Edwin Briceño, Cabildo Territorial Arica y Parinacota.

- La señora Karen Rivera Iribarren, Presidenta de la Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca.

- El señor Edward Gallardo, de la Sociedad de Fomento Fabril FG.

- La señora Ninoska Angélica González Flores, de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Arica y Concejala de la I. Municipalidad de Arica.

- La señora Claudia Rojas Muñoz y los señores Christian Barahona Rubio y Julio Reyes Lazo, de la Empresa Aguas del Altiplano.



Audiencias públicas en las comunas de Alto Hospicio, Región de Tarapacá (despliegue territorial de la Comisión).


Sesión 16 (martes 30 de noviembre de 2021):

- El señor Patricio Ferreira Rivera, Alcalde de la I. Municipalidad de Alto Hospicio.

- El señor José Miguel Carvajal Gallardo, Gobernador Regional de Tarapacá.

- El señor Alex Ruiz, arquitecto del Gobierno Regional.

- El señor Hugo Marín, dirigente de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Chile (CONFUCH).

- La señora Yubiza Cabezas, Dirigente Junta de Vecinos Emprendedores del Desierto.

- El señor Marcos Gómez Barrera, Vicepresidente de la Asociación de Armadores e Industriales Pesqueros del Norte A.G. (ASIPNOR).

- El señor José Luis Astorga Verdugo, Concejal de la I. Municipalidad de Alto Hospicio.



Audiencias públicas en la comuna de Puerto Cisnes, Región de Aysén (despliegue territorial de la Comisión).


Sesión 20 (martes 21 de diciembre de 2021):

- El señor Francisco Roncagliolo, alcalde de la comuna de Cisnes.

- El señor Jorge Emilio Díaz Guzman, Aces Consultores.

- El señor Rubén Leal Pérez, de la Cooperativa de Trabajadores Friosur SpA, y Renato Flores y de A.G. Mar Sustentable.

- El señor Miguel Rusell, Presidente de la Coordinadora de Sindicatos de Puertos Estatales.

- El señor Francisco Javier Abarca Arap, concejal de la comuna de Cisnes.

- La señora Luisa Ludwig Winkler, escritora y activista medioambiental.

- El señor Agustín Zsilavecz y la señora Yasnira Quintul, de la comunidad de Cisnes.

- El señor Carlos Torres, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal y de Buzos de la comuna.



Audiencias públicas en la comuna de Puerto Rio Ibáñez, Región de Aysén (despliegue territorial de la Comisión).


Sesión 21 (miércoles 22 de diciembre de 2021):

- El señor Marcelo Santana Vargas, Alcalde de Municipalidad de Río Ibáñez en representación de Asociación Regional de Municipalidades de Aysén (AREMUR).

- El señor Jorge Calderón, Alcalde de la Municipalidad de Cochrane.

- El señor Manuel Suazo Illesca, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Coyhaique.

- La señora Miriam Chible Contreras y el señor Patricio Segura Ortiz, Junta de Vecinos N° 8, Puerto Guadal.

- La señora Alicia Haro, del Fundo Don Gerardo.

- El señor Manuel Vivar, de la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado.



1.2 Despliegue total de la Comisión


Las sesiones se realizaron en cada una de las regiones del país, de la siguiente manera:

- Región de Valparaíso (sesiones N° 7 en la comuna de Putaendo y N° 8 en la comuna de calle Larga, celebradas el día 9 de noviembre de 2021).

- Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (sesiones N° 10 en la comuna de Peumo y N° 11 en la comuna de Malloa, celebradas el día 11 de noviembre de 2021). - Región del Biobío (sesiones N° 12 en la comuna de Los Ángeles y N° 13 en la comuna de Alto Biobío, celebradas el día 24 de noviembre de 2021).

- Región del Ñuble (sesión N° 14 en la comuna de Yungay, celebrada el día 25 de noviembre de 2021).

- Región de Arica y Parinacota (sesión N° 15 y N° 16 en la comuna de Arica, celebradas el día 30 de noviembre de 2021).

- Región de Tarapacá (sesión N° 15 en la comuna de Pozo Almonte y N° 16 en la comuna de Alto Hospicio, celebradas el día 30 de noviembre de 2021).

- Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (sesión N° 20 en la comuna de Puerto Cisnes, celebrada el día 21 de diciembre de 2021, y N° 21 en la comuna de Río Ibáñez, celebrada el día 22 de diciembre de 2021).



1.3 Iniciativas constitucionales incluidas en este informe


- Iniciativa Convencional Constituyente N°36-3, presentada por Martín Arrau, Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, María Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, sobre “ESTRUCTURA DEL ESTADO”


Síntesis: Para los autores de esta propuesta, Chile debe ser un Estado unitario, para que exista una adecuada definición de administración, mando y control, considerando la geografía, distribución demográfica, el avance de las tecnologías de gestión y comunicación, y necesidades socio-políticas. Sin embargo, con una fuerte tendencia hacia la descentralización y desconcentración del poder y la administración.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 36-3 que establece una estructura de Estado unitario.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 43-3, presentada por Tammy Pustilnick, Claudio Gómez, Yarela Gómez, Bastián Labbé, Adriana Ampuero, Amaya Alvez, Ramona Reyes, Jeniffer Mella, Cristóbal Andrade, César Uribe, Julio Álvarez, Hernán Velásquez, Helmuth Martínez, Elisa Giustinianovich, que “ESTABLECE LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO”


Síntesis: Sus autores proponen el establecimiento de un Estado Regional que se haga cargo de las demandas democratizadoras, la autonomía, la desigualdad territorial, el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la protección de la naturaleza. Asimismo, considera el trayecto avanzando para transitar hacia una nueva forma de Estado donde se distribuye territorialmente el poder, permitiendo el desarrollo de cada uno de los proyectos de vida, independiente el lugar donde nazcas o decidas vivir.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 43-3 que consagra un Estado regional y entidades territoriales autónomas.


- Iniciativa convencional constituyente N° 91-3, presentada por Wilfredo Bacian, Eric Chinga, Adolfo Millabur, Tiare Aguilera, Natividad Llanquileo, Isabel Godoy, Margarita Vargas, Victorino Antilef, Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Lidia González, Isabella Mamani, Luis Jiménez, Fernando Tirado, Félix Galleguillos, y Manuela Royo, que “ESTABLECE UNA FORMA DE ESTADO REGIONAL, PLURINACIONAL E INTERCULTURAL, DESCENTRALIZADO Y CON AUTONOMÍAS TERRITORIALES E INDÍGENAS”


Síntesis: Sus autores plantean poner fin al centralismo exacerbado que existente transversalmente de norte a sur; la urgencia de descentralizar nuestro país para que las regiones logren obtener el protagonismo que siempre han merecido; y el anhelo de que la ciudadanía logre ejercer un rol activo en la toma de decisiones para incidir directamente en los temas que les interpelan. Por lo que, señalan que es indispensable que la Forma de Estado imperante en Chile sea Regional, Plurinacional e lntercultural.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 91-3 que establece una forma de Estado regional, plurinacional e intercultural, descentralizado y con autonomías territoriales e indígenas.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3, presentada por Cristóbal Andrade, Tammy Pustilnick, Claudio Gómez, Julio Álvarez, Bastián Labbé, Adriana Ampuero, Amaya Alvez, Tiare Aguilera, Adolfo Millabur, Jeniffer Mella, Yarela Gómez, César Uribe, Ramona Reyes, Mauricio Daza, Elisa Giustinianovich y, Wilfredo Bacian, que “ESTABLECE BASES DEL ESTADO REGIONAL, INTEGRADO POR REGIONES AUTÓNOMAS”


Síntesis: La iniciativa Constitucional Constituyente define al Estado como un Estado regional. Destacan sus autores, como una forma de Estado capaz retomar la tradición regional y municipalista, que permita impulsar de manera efectiva la distribución territorial del poder político, refuerce el autogobierno local, el desarrollo social, el cuidado de la naturaleza y fortalezca la regionalización y la cooperación entre las entidades territoriales, dejando atrás el concepto de región acuñado por la dictadura cívico-militar.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 99-3 que establece bases del Estado regional, integrado por regiones autónomas.


- Iniciativa convencional constituyente N° 117-3, presentada por Bastián Labbé, Elisa Giustinianovich, Alvin Saldaña, Gloria Alvarado, Manuela Royo, Janis Meneses, Alejandra Flores y, Cristina Dorador, que “ESTABLECE LA ASAMBLEA SOCIAL REGIONAL”


Síntesis: La iniciativa Constitucional Constituyente en comento, tiene como propósito crear una Asamblea Social Regional, órgano de participación popular y ciudadana que canalice, represente, co-gestione y ejerza facultades de control democrático, consulta e incidencia en materias de alcance regional. Sus autores indican que este órgano de participación popular y ciudadana, en su funcionamiento y atribuciones detalladas debe regularse en los estatutos regionales comprendiendo las singularidades y pertinencia de cada región y territorio. No obstante lo anterior, resulta fundamental que el diseño constitucional incorpore algunas facultades y atribuciones fundamentales que sirvan de denominador común y estándar básico a cada una de estas regulaciones específicas.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 117-3 que establece la Asamblea Social Regional.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 118-3, presentada por María Magdalena Rivera, Francisca Arauna, Dayyana González, Natalia Henríquez, Ingrid Villena, Cristobal Andrade, Daniel Bravo, Adriana Ampuero, Francisco Caamaño y, César Uribe, que “REGULA EL GOBIERNO REGIONAL, LAS COMPETENCIAS DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS Y EL ROL DE LA ASAMBLEA SOCIAL REGIONAL”


Síntesis: En relación a las competencias de las regiones autónomas, sus autores establecen como política permanente de las diferentes regiones el que el modelo de desarrollo que cada una decida entregarse, deba estar siempre condicionado a la sostenibilidad y el pleno respeto de la naturaleza. Asimismo, en materia financiera y de la dotación de recursos para las regiones autónomas, resulta necesario entregar y reconocer las capacidades de las mismas de tener incidencia y ciertos niveles de autonomía en materia de contribuciones y tributos que permitan contar con recursos suficientes para poder dar cumplimiento e implementar las diferentes materias propias de su competencia.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 118-3 que regula el Gobierno regional, las competencias de las regiones autónomas y el rol de la Asamblea Social Regional.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 119-3, presentada por Cristóbal Andrade, Tammy Pustilnick, Claudio Gómez, Julio Álvarez, Bastián Labbé, Adriana Ampuero, Amaya Alvez, Tiare Aguilera, Adolfo Millabur, Jeniffer Mella, Yarela Gómez, César Uribe, Ramona Reyes y, Elisa Giustinianovich, que “ESTABLECE LA AUTONOMÍA REGIONAL, Y LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE AUTORIDADES REGIONALES”


Síntesis: La iniciativa en comento tiene como objetivo continuar con el desarrollo constitucional del Estado Regional, en particular, de la Región Autónoma, de sus autoridades e instituciones. Por lo que, el Gobierno y Administración regional se radica en un Gobierno Regional, órgano ejecutivo de la Región Autónoma. El órgano representativo de la Región autónoma será una Asamblea Legislativa Regional, el cual será fijado por la ley nacional en proporción a la población regional, bajo criterios de representatividad territorial, paridad de género y plurinacionalidad.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 119-3, que establece la autonomía regional, y las competencias y atribuciones de autoridades regionales.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 120-3, presentada por Julio Álvarez, Tammy Pustilnick, Claudio Gómez, Ramona Reyes, Mauricio Daza, Helmuth Martínez, Andrés Cruz, Maximiliano Hurtado, Jorge Baradit, Matías Orellana, Javier Fuchslocher, Mario Vargas, Adriana Cancino, Malucha Pinto, María Trinidad Castillo y, Pedro Muñoz, que “ESTABLECE EL ESTATUTO REGIONAL, Y REGULA LAS ATRIBUCIONES DE GOBIERNO Y LEGISLACIÓN REGIONAL”


Síntesis: La iniciativa Convencional Constituyente, propende a que el Estado Regional redistribuya el poder entre las diferentes entidades territoriales, adecuando la acción de los poderes públicos (regionales o municipales), y en particular, de las Administraciones públicas a la satisfacción de las necesidades locales con el fin de promover una distribución equitativa y solidaria de los recursos.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 120-3, que establece el Estatuto regional, y regula las atribuciones de gobierno y legislación regional.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 122-3, presentada por Jeniffer Mella, Amaya Álvez, Yarela Gómez, Christian Viera, Hugo Gutiérrez, Hernán Velázquez, Cristina Dorador, Damaris Abarca, Daniel Stingo, Mariela Serey, María José Oyarzún, Beatriz Sánchez y, Aurora Delgado, que “REGULA EL GOBIERNO REGIONAL, Y LAS COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES REGIONALES”


Síntesis: Esta iniciativa Convencional Constitucional, tiene como propósito consagrar un orden político interno regional, a partir de estatutos de autogobierno, otorgado por las propias Regiones, pero estableciendo algunos elementos mínimos y ciertos límites: a) el respeto de los principios del Estado Social de Derechos y de los derechos fundamentales; b) el imperativo de perseguir la supresión de los obstáculos que impiden la plena igualdad en el goce de los derechos; c) el ejercicio de la democracia directa y participativa en el otorgamiento del estatuto; y d) la existencia de órganos ejecutivos y legislativos, y de sus respectivas competencias, que enmarcan el orden político interno regional. La consagración de este orden político interno regional debe necesariamente ir acompañado de una descentralización que vaya más allá de la sola funcionalidad y que sea sustantiva.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 122-3, que regula el Gobierno regional y las competencias de las autoridades regionales.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 151-3, presentada por Álvaro Jofré, Jorge Arancibia, Geoconda Navarrete, Harry Jürgensen, Pollyana Rivera, Felipe Mena, Angélica Tepper, Roberto Vega, Manuel José Ossandón, Cristián Monckeberg, Hernán Larraín, Patricia Labra, Bárbara Rebolledo, Katerine Montealegre, Eduardo Cretton y, Ricardo Neumann, que “FIJA LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, ESTABLECE REGLAS PARA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DESDE EL GOBIERNO CENTRAL, Y PARA LA SOLUCIÓN DE LAS CONTIENDAS DE COMPETENCIA ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES”


Síntesis: La iniciativa Convencional Constitucional tiene por objeto regular las siguientes competencias: a) Competencias prioritarias de las entidades subnacionales, para ello, se propone mencionar expresamente en la Constitución aquellas funciones de gobierno y administración regional y local, sin perjuicio del necesario complemento que se efectuará en las leyes. b) Competencias residuales del Gobierno Central, sus autores señalan que es preciso establecer una competencia residual del Gobierno Central, pues de esa manera se transforma en el nivel de gobierno encargado de desempeñar todas las funciones que no se han encomendado expresamente a los gobiernos subnacionales. c) Transferencia de competencias. Este traspaso de un mínimo común de competencias permitirá disponer de una estructura que sea lo suficientemente capaz como para hacerse cargo de determinadas materias funcionales a su respectiva realidad y estrategia de desarrollo, propiciando una descentralización efectiva. d) Resolución de contiendas de competencia, por lo que, sugiere que estas eventuales contiendas de competencia sean resueltas por el órgano encargado de la justicia constitucional (independientemente de la forma que adopte).

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 151-3 que fija las competencias de los gobiernos regionales y locales, establece reglas para transferencia de competencias desde el gobierno central, y para la solución de las contiendas de competencia entre los diversos niveles.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 154-3, presentada por Álvaro Jofré, Geoconda Navarrete, Harry Jürgensen, Felipe Mena, Pollyana Rivera, Jorge Arancibia, Martín Arrau, Katerine Montealegre, Ruth Hurtado, María Cecilia Ubilla, Carol Bown, Angélica Tepper, Roberto Vega, Rocío Cantuarias, Manuel José Ossandón, Ricardo Neumann, que “ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO”


Síntesis: La presente iniciativa Convencional Constitucional tiene por objeto fortalecer la organización territorial del Estado, implementando una estructura que permita una descentralización efectiva, garantizando la unidad de la República. Asimismo, paralelamente, permitiendo que los órganos encargados de las regiones y de las comunas puedan decidir autónomamente sobre materias relacionadas con su realidad territorial. Esta propuesta también mantiene la figura de los territorios especiales, pero eliminando las menciones expresas a Isla de Pascua y al archipiélago de Juan Fernández. Por lo que, se facilita la creación de estas unidades territoriales, puesto que deja de ser necesario reformar la Constitución para consagrarlas. Finalmente, esta estructura se complementa con la mantención de las provincias, pero resaltando su calidad de unidades territoriales netamente administrativas, a cargo de un órgano desconcentrado territorialmente del gobierno central, con la finalidad de que se limite a coordinar las entidades del gobierno central que operen dentro de su jurisdicción.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 154-3 que establece la organización territorial del Estado.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 157-3, presentada por Julio Álvarez, Tammy Pustilnick, Claudio Gómez, Ramona Reyes, Mauricio Daza, Helmuth Martínez, Javier Fuchslocher, Guillermo Namor, Jorge Abarca, Benito Baranda, Carolina Sepúlveda, Tomás Laibe, Maximiliano Hurtado, Pedro Muñoz, Mario Vargas y, Andrés Cruz, que “REGULA LAS ATRIBUCIONES Y EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS ENTRE LOS NIVELES DEL ESTADO REGIONAL”


Síntesis: Esta iniciativa Convencional Constituyente, incorpora nuevas directrices que resultan compatibles con el Estado Regional que se propone. Sus autores destacan la previsión en que se establece que la creación o extensión de competencias de las entidades territoriales, así como su transferencia desde el Estado al nivel subnacional, debe ir acompañada del financiamiento respectivo que permita su ejecución. Por otro lado, como una manifestación del principio de igualdad en el plano territorial, se incorpora la interdicción de la tutela que prohíbe al Estado o a otra colectividad en el ejercicio de sus competencias ejercer tutela sobre otra colectividad. Asimismo, se proclama la igualdad de derechos de todas las personas en cualquier parte del territorio del Estado. Por último, se propone una cláusula residual que establece una regla de distribución de competencias entre el Estado y la Región Autónoma, esto es, cómo se reparten la competencias entre las instituciones generales del Estado y estas nuevas entidades territoriales, estableciendo que en aquellos casos en que no se entregue una competencia expresa la Región Autónoma, corresponde asumirla al Estado.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 157-3 que regula las atribuciones y el ejercicio de competencias entre los niveles del Estado regional.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 197-3, presentada por Eduardo Castillo, Fuad Chahín, Felipe Harboe, Luis Barceló, Andrés Cruz, Agustín Squella, Rodrigo Logan y, Miguel Ángel Botto, que “REGULA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS REGIONES, COMUNAS, TERRITORIOS ESPECIALES Y PROVINCIAS”


Síntesis: Esta iniciativa Convencional Constitucional propone las siguientes modificaciones constitucionales: Situar el capítulo de régimen gobierno y administración interior, inmediatamente después del correspondiente al Presidente de la República o al del Gobierno, según el nombre que se le asigne. Ello porque las regiones y comunas también ejercerán el gobierno y la administración en sus respectivos territorios. Asimismo, un cambio de paradigma al no centrar el proceso descentralizador en servicios públicos, como lo son los gobiernos regionales y las municipalidades, sino que en los territorios que son las regiones y las comunas. Además, estos territorios gozan de autonomía para ejercer el gobierno y la administración. Esta autonomía se entiende ser ejercitada dentro de un Estado unitario y en coordinación y colaboración con otros entes de distinto nivel, como el gobierno central o el gobierno comunal. La propuesta establece la división del territorio en regiones, comunas, territorios especiales y provincias. También se señalan las facultades de gobierno y administración, las normativas y las financieras. Continúa el articulado con las atribuciones de las municipalidades y con las disposiciones comunes a la región y a la comuna. Finalmente, la propuesta entrega a la jurisdicción constitucional el conocimiento y resolución de los conflictos de competencias entre los distintos niveles de gobierno y administración. Se establece un amparo para que se respete el derecho a la participación.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 197-3 que regula el gobierno y la administración de las regiones, comunas, territorios especiales y provincias.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 268-3 de los convencionales señores Mena; Celis; Cretton; Jofré; Jurgensen; Larraín; Neumann y Vega y de las convencionales señoras Bown; Hube; Labra; Montealegre; Navarrete; Rivera, doña Pollyana y Tepper, que "ESTABLECE LA FORMA JURÍDICA DEL ESTADO"


Síntesis: Esta propuesta define el Estado de Chile como una república democrática, única e indivisible, con unidades de gobierno y administración descentralizadas a nivel político, funcional y fiscal. Sus autores precisan que esto permite que la Administración del Estado cuente con mecanismos y herramientas legales para operar de manera desconcentrada y descentralizada desde una perspectiva funcional y territorial, y al mismo tiempo asegura que todos los chilenos y chilenas tengan acceso a la misma justicia, y estén sujetos a las mismas leyes. Añaden que esta iniciativa se hace cargo de la forma jurídica del Estado, consagrando un Estado único e indivisible con grandes márgenes para la descentralización, con gobiernos regionales y comunales dotados de mayores facultades para que, siempre dentro del ámbito de sus competencias, sean capaces de asegurar servicios básicos de calidad, con altos grados de autonomía que permitan dar cuenta de que Santiago no es Chile.

Deliberación: Se dio inicio a la presentación de la iniciativa convencional constituyente Nº 268-3 que establece una forma jurídica del Estado.


- Iniciativa Convencional Constituyente N° 384-3, sobre Gobierno Regional, de las y los convencionales Felipe Mena, Geoconda Navarrete, Harry Jurgensen, Jorge Arancibia, Álvaro Jofré, Pollyana Rivera, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, sobre “GOBIERNOS REGIONALES”


Síntesis: La iniciativa en comento, según sus autores permite consolidar las reformas de las últimas décadas en materia de descentralización, donde destacan avances tan importantes como la creación de la figura del Gobernador Regional con su elección popular respectiva, así como también la consagración de un incipiente sistema de transferencia de competencias. Por tanto, sus autores resaltan que esta iniciativa no solamente busca dotar a los Gobiernos Regionales de mayores atribuciones, sino que también persigue fomentar la coordinación y cooperación con otros niveles de gobierno (donde destaca el Consejo de Alcaldes) y la sociedad civil (donde Destaca el Consejo de la Sociedad Civil y la Participación Ciudadana). Precisan querer Gobiernos Regionales eficientes, empoderados y participativos.


1.4 Votación general


- Iniciativa convencional constituyente N° 36-3 - Iniciativa rechazada

- Artículo 1 de la Iniciativa convencional constituyente N° 43-3 - Aprobado en general

- Artículo 2 de la Iniciativa convencional constituyente N° 43-3 - Aprobado en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 91-3 - Aprobada en general

- Artículo 1 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Aprobado en general

- Artículo 2 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Se aprobó en general por unanimidad de los integrantes de la Comisión

- Artículo 3 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Se aprobó en general por unanimidad de los integrantes de la Comisión

- Artículo 4 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Aprobado en general

- Artículo 5 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Aprobado en general

- Artículo 6 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Aprobado en general

- Artículo 7 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Se aprobó en general por unanimidad de los integrantes de la Comisión

- Artículo 8 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Aprobado en general

- Artículo 9 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Aprobado en general

- Artículo 10 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 99-3 - Aprobado en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 117-3 - Aprobada en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 118-3 - Aprobada en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 119-3 - Aprobada en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 120-3 - Aprobada en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 122-3 - Aprobada en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 151-3 - Aprobada en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 154-3 - Aprobada en general

- Artículo XXX (3) de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 154-3 - Rechazado

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 157-3 - Se aprobó en general por unanimidad de los presentes en la Comisión

- Inciso 1° del artículo 1 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 197- 3 - Rechazado

- Artículo 1 incisos 2°, 3° y 4° Iniciativa Convencional Constituyente N° 197- 3 - Rechazado

- Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Iniciativa Convencional Constituyente N° 197-3 - Aprobados en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 197-3 - Aprobada en general

- Iniciativa Convencional Constituyente N° 268-3 - Rechazada

- Artículo 1° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Aprobado en general

- Artículo 2° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Rechazado

- Artículo 3° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Rechazado

- Artículo 4° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Rechazado

- Artículo 5° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Aprobado en general

- Artículo 6° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Aprobado en general

- Artículo 7° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Rechazado

- Artículo 8° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Rechazado

- Artículo 9° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Rechazado

- Artículo 10° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Rechazado

- Artículo 11° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Rechazado

- Artículo 12° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Aprobado en general

- Artículo 13° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Aprobado en general

- Artículo 14° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Aprobado en general

- Artículo 15° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Aprobado en general

- Artículo 16° Iniciativa Convencional Constitucional N° 384-3 - Aprobado en general


1.5 Audiencia del inciso tercero del artículo 42 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente.

Temas[editar]

Estado Regional[editar]

Art. 1 Del Estado Regional[editar]

Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado.

El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales.

Art. 2 De las Entidades Territoriales[editar]

El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales.

Las entidades territoriales autónomas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos humanos y de la Naturaleza.

La creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Art. 3 Del Territorio[editar]

Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible.

La soberanía y jurisdicción sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constitución, la ley y el derecho internacional.

Art. 4 Del Maritorio[editar]

Es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-costeros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos, y asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. La ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada, mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado, según corresponda, en base a la equidad y justicia territorial.

Art. 5 De la Autonomía de las entidades territoriales[editar]

Las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley.

En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial.

Art. 6 De la solidaridad, cooperación y asociatividad territorial en el Estado Regional[editar]

Las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones, en conformidad a los mecanismos que establezca la ley.

Dos o más entidades territoriales, con o sin continuidad territorial, podrán pactar convenios y constituir asociaciones territoriales con la finalidad de lograr objetivos comunes, promover la cohesión social, mejorar la prestación de los servicios públicos, incrementar la eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus competencias y potenciar el desarrollo social, cultural, económico sostenible y equilibrado.

El Estado promoverá y apoyará la cooperación y asociatividad con las entidades territoriales y entre ellas. La ley establecerá las bases generales para la creación y funcionamiento de estas asociaciones, en concordancia con la normativa regional respectiva.

Las asociaciones de entidades territoriales, en ningún caso, alterarán la organización territorial del Estado.

Art. 7 De la Participación en las entidades territoriales en el Estado Regional[editar]

Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, ejecución, evaluación, fiscalización y control democrático de la función pública, con arreglo a la Constitución y las leyes.

Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución.

Art. 8 Del Desarrollo Territorial[editar]

Es deber de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias, establecer una política permanente de equidad territorial de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.

Las entidades territoriales considerarán para su planificación social, política, administrativa, cultural, territorial y económica los criterios de suficiencia presupuestaria, inclusión e interculturalidad, integración socioespacial, perspectiva de género, enfoque socio ecosistémico, enfoque en derechos humanos y los demás que establezca esta Constitución.

Art. 9 De la Equidad, Solidaridad y justicia territorial[editar]

El Estado garantiza un tratamiento equitativo y un desarrollo armónico y solidario entre las diversas entidades territoriales, propendiendo al interés general, no pudiendo establecer diferencias arbitrarias entre ellas, asegurando a su vez, las mismas condiciones de acceso a los servicios públicos, al empleo y a todas las prestaciones estatales, sin perjuicio del lugar que habiten en el territorio, estableciendo de ser necesario, acciones afirmativas en favor de los grupos empobrecidos e históricamente vulnerados. El Estado de Chile promoverá un desarrollo territorial equitativo, armónico y solidario que permita una integración efectiva de las distintas localidades, tanto urbanas como rurales, promoviendo la equidad horizontal en la provisión de bienes y servicios.

Art. 10 De la Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional[editar]

Las entidades territoriales y sus órganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el reconocimiento político y jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan sus territorios; su supervivencia, existencia y desarrollo armónico e integral; la distribución equitativa del poder y de los espacios de participación política; el uso, reconocimiento y promoción de las lenguas indígenas que se hablan en ellas, propiciando el entendimiento intercultural, el respeto de formas diversas de ver, organizar y concebir el mundo y de relacionarse con la naturaleza; la protección y el respeto de los derechos de autodeterminación y de autonomía de los territorios indígenas, en coordinación con el resto de las entidades territoriales.

Art. 11 De la postulación y cesación a los cargos de las entidades territoriales.[editar]

La elección de las y los representantes por votación popular de las entidades territoriales se efectuará asegurando la paridad de género, la probidad, la representatividad territorial, la pertenencia territorial, avecindamiento y la representación efectiva de los pueblos y naciones preexistentes al Estado.

La Constitución y la ley establecerán los requisitos para la postulación y las causales de cesación de dichos cargos. La calificación y procedencia de estas causales de cesación se realizará a través de un procedimiento expedito ante la justicia electoral, en conformidad a la ley.

Art. 12 Principio de no tutela entre entidades territoriales[editar]

Ninguna entidad territorial podrá ejercer tutela sobre otra entidad territorial, sin perjuicio de la aplicación de los principios de coordinación, de asociatividad, de solidaridad, y los conflictos de competencias que puedan ocasionarse.

Art. 13 Correspondencia entre competencias y recursos[editar]

Sin perjuicio de las competencias que establece esta Constitución y la ley, el Estado podrá transferir a las entidades territoriales aquellas competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza son susceptibles de transferencia. Estas transferencias deberán ir acompañadas siempre por el personal y los recursos financieros suficientes y oportunos para su adecuada ejecución.

Una ley regulará el régimen jurídico del procedimiento de transferencia de competencias y sus sistemas de evaluación y control.

Art. 14 Cuestiones de competencia[editar]

La ley establecerá el procedimiento para resolución de las distintas contiendas de competencia que se susciten entre el Estado y las entidades territoriales, o entre ellas, las que serán conocidas por el órgano encargado de la justicia constitucional.

Art. 16 Radicación preferente de competencias[editar]

Las funciones públicas deberán radicarse priorizando la entidad local sobre la regional y ésta última sobre el Estado, sin perjuicio de aquellas competencias que la propia Constitución o las leyes reserven a cada una de estas entidades territoriales. La Región Autónoma o el Estado, cuando así lo exija el interés general, podrán subrogar de manera transitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas por la entidad local.

Art. 17 Diferenciación territorial[editar]

El Estado deberá generar políticas públicas diferenciadas y transferir las competencias que mejor se ajusten a las necesidades y particularidades de los entes territoriales, con los respectivos recursos. La ley establecerá los criterios y requisitos para la aplicación de diferencias territoriales, así como los mecanismos de solidaridad y equidad que compensen las desigualdades entre los distintos niveles territoriales.

Art. 18 De las Regiones Autónomas[editar]

Las Regiones autónomas son entidades políticas y territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio que gozan de autonomía para el desarrollo de los intereses regionales, la gestión de sus recursos económicos y el ejercicio de las atribuciones legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora a través de sus órganos en el ámbito de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Art. 19 Cláusula residual[editar]

Las competencias no expresamente conferidas a la Región autónoma corresponden al Estado, sin perjuicio de las transferencias de competencia que regula la Constitución y la ley.

Art. 20 Del Estatuto Regional[editar]

Cada Región Autónoma establecerá su organización administrativa y funcionamiento interno, en el marco de las competencias fiscalizadoras, normativas, resolutivas, administrativas y las demás establecidas en la Constitución y las leyes.

El Estatuto Regional debe respetar los derechos fundamentales y los principios del Estado social y democrático de derecho reconocidos en los términos establecidos en la Constitución.

Art. 21 De la elaboración, aprobación y reforma del Estatuto Regional[editar]

El proyecto de Estatuto Regional será propuesto por la Gobernadora o Gobernador Regional a la Asamblea Regional respectiva, para su deliberación y acuerdo, el cual será aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.

El proceso de elaboración y reforma del Estatuto Regional deberá garantizar la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes.

Art. 22 De la Autoridades Regionales[editar]

La organización institucional de las Regiones Autónomas se compone del Gobernador o Gobernadora Regional y de la Asamblea Regional.

Art. 23 Del Gobierno Regional[editar]

El Gobierno Regional es el órgano ejecutivo de la Región Autónoma.

Una Gobernadora o Gobernador Regional dirigirá el Gobierno Regional, ejerciendo la función administrativa y reglamentaria y representará a la Región autónoma ante las demás autoridades nacionales e internacionales, en el marco de la política nacional de relaciones internacionales con funciones de coordinación e intermediación entre el gobierno central y la región. La Gobernadora o Gobernador regional tendrá la representación judicial y extrajudicial de la región.

En la elección de Gobernadora o Gobernador Regional, resultará electo quien obtenga la mayoría de los votos válidamente emitidos, pero si ningún candidato logra al menos el cuarenta por ciento de los votos se producirá una segunda votación entre los candidatos o candidatas que hayan obtenido las dos más altas mayorías, resultando elegido el que obtuviere la mayoría de los votos válidamente emitidos.

La Gobernadora o Gobernador Regional ejercerá sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido o reelegida consecutivamente sólo una vez para el período siguiente. En este caso, se considerará que se ha ejercido el cargo durante un período cuando el Gobernador o Gobernadora Regional haya cumplido más de la mitad del mandato.

La Gobernadora o Gobernador regional, será elegido en votación directa, en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Art. 24 Del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas[editar]

El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas es un órgano de carácter consultivo que estará integrado por los alcaldes y alcaldesas de todas las comunas de la región autónoma y de las ciudades respectivas, el cual será coordinado por quien determinen sus integrantes por mayoría absoluta.

El Consejo deberá sesionar y abordar las problemáticas de la región autónoma, promover una coordinación efectiva entre los distintos órganos con presencia regional y fomentar una cooperación eficaz entre los gobiernos locales en la forma que determine la ley.

Art. 25 De la Asamblea Regional[editar]

La Asamblea Regional es el órgano colegiado de representación regional que, en conformidad a la Constitución, está dotado de potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Una ley determinará los requisitos generales para acceder al cargo de Asambleísta Regional y su número en proporción a la población regional. La elección de Asambleístas Regionales será por sufragio universal, directo y secreto.

Los y las Asambleístas Regionales ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegidos consecutivamente sólo una vez para el período inmediatamente siguiente. En este caso, se considerará que se ha ejercido el cargo durante un período cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato.

Art. 26 Del Consejo Social Regional[editar]

El Consejo Social Regional es el encargado de promover la participación popular en los asuntos públicos regionales de carácter participativo y consultivo. Su integración y competencias serán determinadas por ley.

La Constitución y la ley establecerán las bases de los mecanismos y procedimientos de participación popular, velando por un involucramiento efectivo de las personas y sus organizaciones dentro de la Región Autónoma.

El Gobernador o Gobernadora Regional y las jefaturas de los servicios públicos regionales deberán rendir cuenta ante el Consejo Social Regional, a lo menos, una vez al año de la ejecución presupuestaria y el desarrollo de proyectos en los términos prescritos por el Estatuto Regional.

Art. 27 De las competencias de la Región autónoma[editar]

Son competencias de la Región autónoma:

  1. La organización del Gobierno Regional, en conformidad con la Constitución y su Estatuto.
  1. La organización político-administrativa y financiera de la Región autónoma, en función de la responsabilidad y eficiencia económica, con arreglo a la Constitución y las leyes.
  1. Fomentar el desarrollo social, productivo y económico de la Región autónoma en el ámbito de sus competencias, en coordinación con las políticas, planes y programas nacionales.
  1. Participar en acciones de cooperación internacional, dentro de los marcos establecidos por los tratados y los convenios vigentes, en conformidad a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes.
  1. El desarrollo de la investigación, tecnología y las ciencias en materias correspondientes a la competencia regional.
  1. La conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza, del equilibrio ecológico y el uso racional del agua y los demás elementos naturales de su territorio.
  1. Aprobar, mediando procesos de participación ciudadana, los planes de descontaminación ambientales de la región autónoma.
  1. El fomento y la protección de las culturas, las artes, el patrimonio histórico, inmaterial arqueológico, lingüístico y arquitectónico; y la formación artística en su territorio.
  1. La planificación, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas.
  1. La política regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educación en coordinación con las políticas, planes y programas nacionales, respetando la universalidad de los derechos garantizados por esta Constitución.
  1. Las obras públicas de interés ejecutadas en el territorio de la región autónoma.
  1. La planificación e implementación de la conectividad física y digital.
  1. La promoción y fomento del deporte, el ocio y la recreación.
  1. — rechazado —
  1. La regulación y administración de los bosques, las reservas y los parques de las áreas silvestres protegidas y cualquier otro predio fiscal que se considere necesario para el cuidado de los servicios ecosistémicos que se otorgan a las comunidades, en el ámbito de sus competencias.
  1. La promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de la región autónoma, en coordinación con la Comuna Autónoma.
  1. Coordinar y delegar las competencias constitucionales compartidas con las demás entidades territoriales.
  1. Establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio previa autorización por ley.
  1. La creación de empresas públicas regionales por parte de los órganos de la Región Autónoma competentes, en conformidad a los procedimientos regulados en la Constitución y la ley.
  1. Establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.
  1. Ejercer autónomamente la administración y coordinación de todos los servicios públicos de su dependencia.
  1. Promover la participación popular en asuntos de interés regional.
  1. — suprimido —
  1. Las demás competencias que determine la Constitución y ley nacional.
  1. El ejercicio de estas competencias por la Región Autónoma no excluye la concurrencia y desarrollo coordinado con otros órganos del Estado, conforme a la Constitución y la ley.

Art. 28 De las entidades con competencias sobre todo el territorio[editar]

La ley determinará cuáles Servicios Públicos, Instituciones Autónomas o Empresas del Estado, en virtud de sus fines fiscalizadores, o por razones de eficiencia y de interés general, mantendrán una organización centralizada y desconcentrada en todo el territorio de la República.

Art. 29 Del Consejo de Gobernaciones[editar]

El Consejo de Gobernaciones, presidido por el Presidente de la República y conformado por las y los Gobernadores de cada Región, coordinará las relaciones entre el Estado Central y las entidades territoriales, velando por el bienestar social y económico equilibrado de la República en su conjunto.

Son facultades del Consejo de Gobernaciones:

  1. a) La coordinación, la complementación y la colaboración en la ejecución de políticas públicas en las Regiones.
  1. b) La coordinación económica y presupuestaria entre el Estado y las Regiones Autónomas.
  1. c) Debatir sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, que afecten a los ámbitos competenciales estatal y regional, así como velar por el respeto de las autonomías de las entidades territoriales.
  1. d) Velar por la correcta aplicación de los principios de equidad, solidaridad y justicia territorial, y de los mecanismos de compensación económica interterritorial, en conformidad con la Constitución y la ley.
  1. e) Convocar encuentros sectoriales entre entidades territoriales.
  1. f) — suprimido —
  1. g) Acordar la creación de comisiones o grupos de trabajo para el estudio de asuntos de interés común.
  1. h) Las demás que establezcan la Constitución y la ley.

Art. 30 De los Ministerios y Servicios Públicos con presencia en la Región[editar]

Las Regiones Autónomas contarán con las competencias para coordinarse con las y los representantes de Ministerios y Servicios Públicos con presencia en la Región Autónoma.

El Gobierno Regional podrá solicitar al Estado la transferencia de competencias de Ministerios y Servicios Públicos. A su vez, las Municipalidades podrán solicitar al Gobierno Regional la transferencia de competencias. La ley regulará este procedimiento.

El ejercicio de estas facultades tiene por objeto garantizar el respeto, protección y realización progresiva de los derechos sociales y económicos en igualdad de condiciones en las distintas entidades territoriales. La ley regulará el ejercicio de estas facultades.

El Estado tendrá facultades supletorias de carácter transitorio, cuando las entidades territoriales no puedan cumplir eficientemente sus mandatos. La ley regulará el ejercicio de estas facultades.

Art. 31 Atribuciones de la Asamblea Regional[editar]

Son atribuciones de la Asamblea Regional, en conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto Regional:

  1. Fiscalizar los actos del Gobierno Regional de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Regional.
  1. Fiscalizar los actos de la administración regional, para lo cual podrá requerir información de autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en la Región Autónoma, citar a funcionarios públicos o autoridades regionales y crear comisiones especiales.
  1. Solicitar al Gobernador o Gobernadora Regional rendir cuenta sobre su participación en el Consejo de Gobernaciones.
  1. Aprobar, modificar o rechazar el Presupuesto Regional, el Plan de Desarrollo Regional y los Planes de Ordenamiento Territorial.
  1. Aprobar, modificar o rechazar el Plan Regional de manejo integrado de cuencas.
  1. Dictar su reglamento interno de funcionamiento.
  1. Aprobar, a propuesta del Gobernador o Gobernadora Regional y previa ratificación del Consejo Territorial, la creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas regionales.
  1. Concurrir, en conjunto con el Gobernador Regional, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en la forma prescrita por la Constitución y las leyes.
  1. Ejercer la potestad reglamentaria de ejecución de ley cuando esta lo encomiende y dictar los demás reglamentos en materias de competencia de la región autónoma.
  1. Dictar las normas regionales que hagan aplicables las leyes de acuerdo regional.
  1. Iniciar el trámite legislativo ante el Consejo Territorial en materias de interés regional.
  1. Solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa en materias de interés de la Región Autónoma respectiva, en conformidad a la ley.
  1. Las demás atribuciones que determine la Constitución y la ley.

Art. 35 De las atribuciones exclusivas del Gobierno Regional[editar]

Son atribuciones exclusivas de los Gobiernos Regionales las siguientes:

  1. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el Plan de Desarrollo Regional, en conformidad al Estatuto Regional.
  1. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el proyecto de Presupuesto Regional, en conformidad a esta Constitución y el Estatuto Regional.

Administrar y ejecutar el Presupuesto Regional, realizar actos y contratos en los que tenga interés, ejercer competencias fiscales propias conforme a la ley, y elaborar la planificación presupuestaria sobre la destinación y uso del presupuesto regional.

  1. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el plan regional de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo urbano de las áreas metropolitanas y los planes de manejo integrado de cuencas, en conformidad al Estatuto Regional y la ley.
  1. Organizar, administrar, supervigilar y fiscalizar los servicios públicos de la Región Autónoma y coordinarse con el Gobierno respecto de aquellos que detenten un carácter nacional y que funcionen en la Región.
  1. Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto Regional.
  1. — rechazado —
  1. Adoptar e implementar políticas públicas que fomenten y promocionen el desarrollo social, productivo, económico y cultural de la región autónoma, especialmente en ámbitos de competencia de la región autónoma.
  1. Proponer a la Asamblea Regional la creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas regionales para la gestión de servicios de su competencia, según lo dispuesto en la Constitución, la ley y el Estatuto Regional.— rechazado —
  1. — suprimido —
  1. Celebrar y ejecutar convenios con los Gobiernos de otras regiones autónomas para efectos de implementar programas y políticas públicas interregionales, así como toda otra forma de asociatividad territorial.
  1. Celebrar y ejecutar acciones de cooperación internacional, dentro de los marcos establecidos por los tratados y convenios que el país celebre al efecto y en conformidad a los procedimientos regulados en la ley.
  1. — rechazado —
  1. — suprimido —
  1. — suprimido —
  1. Promover la innovación, la competitividad y la inversión en la respectiva región autónoma.
  1. Convocar a referéndum y plebiscitos regionales en virtud de lo previsto en la Constitución, el Estatuto Regional y la ley.
  1. Establecer sistemas de gestión de crisis entre los órganos que tienen asiento en la Región Autónoma, que incluyan, a lo menos, su preparación, prevención, administración y manejo.
  1. Las demás atribuciones que señalen la Constitución, el Estatuto Regional y las leyes.

Informe #2[editar]

Art. 1 De la comuna autónoma[editar]

La comuna autónoma es la entidad territorial base del Estado regional, dotada de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que goza de autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

(inciso segundo vuelve a comisión)

La ley clasificará las comunas en distintos tipos, las que deberán ser consideradas por los órganos del Estado para el establecimiento de regímenes administrativos y económico-fiscales diferenciados, la implementación de políticas, planes y programas atendiendo a las diversas realidades locales, y en especial, para el traspaso de competencias y recursos. El establecimiento de los tipos comunales deberá considerar, a lo menos, criterios demográficos, económicos, culturales, geográficos, socioambientales, urbanos y rurales.

Art. 2 Igualdad en la prestación de los servicios públicos municipales y desarrollo equitativo[editar]

El Estado garantizará a la municipalidad el financiamiento y recursos suficientes, para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna, conforme a los mecanismos que señale la Constitución y la ley.

Para el gobierno comunal se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, propendiendo a que todas las personas tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos municipales, sin distingo del lugar que habiten.

Art. 3 De la creación o supresión de Comunas Autónomas[editar]

La creación, división o fusión de comunas autónomas, o la modificación de sus límites o denominación, se determinará por ley, respetando en todo caso criterios objetivos, según lo dispuesto en el artículo 2 de esta Constitución.

Una ley regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas.

Art. 4 De la cooperación internacional de regiones y comunas autónomas[editar]

En los términos que establezca la ley, las regiones y comunas autónomas ubicadas en zonas fronterizas podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino, de igual nivel, a través de sus respectivas autoridades, para establecer programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medio ambiente.

Art. 5[editar]

Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán establecer sus plantas de personal y los órganos o unidades de su estructura interna, en conformidad a la Constitución y la ley.

Estas facultades se ejercerán cautelando su debido financiamiento y el carácter técnico y profesional de dichos empleos.

Art. 6 De la participación en la comuna autónoma[editar]

Las municipalidades tienen el deber de promover y garantizar la participación ciudadana de la comunidad local en la gestión, en la construcción de políticas de desarrollo local y en la planificación del territorio, así como en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales o comunales señalen.

Las municipalidades proveerán los mecanismos, espacios, recursos, alfabetización digital, formación y educación cívica y todo aquello que sea necesario para concretar dicha participación que será consultiva, incidente y/o vinculante de acuerdo a la legislación respectiva.

(inciso tercero vuelve a comisión)

Art. 7 Del gobierno comunal[editar]

El gobierno de la comuna autónoma reside en la municipalidad, la que estará constituida por el alcalde o alcaldesa y el concejo municipal, con la participación de la comunidad que habita en su territorio.

Art. 8 Concejo municipal[editar]

El concejo municipal es el órgano colegiado de representación popular y vecinal, dotado de funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, en conformidad a la Constitución y la ley.

El concejo municipal estará integrado por el número de personas que determine la ley, en proporción a la población de la comuna, según los criterios de inclusión, paridad de género y escaños reservados para pueblos y naciones indígenas considerando su población dentro de la jurisdicción electoral respectiva.

La elección de concejales y concejalas será por sufragio universal, directo y secreto, en conformidad a la ley.

Los concejales o concejalas ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, y podrán ser reelegidos o reelegidas consecutivamente sólo una vez para el período siguiente. Para estos efectos se entenderá que los concejales y concejalas han ejercido su cargo durante un período cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato.

La ley y el estatuto comunal determinarán las normas sobre organización y funcionamiento del concejo. Será necesario el acuerdo del concejo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos, y otros que determine la ley.

Los Concejales y Concejalas dispondrán de las condiciones y recursos necesarios para el desempeño eficiente y probo del cargo.

La ley establecerá un régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Será igualmente necesario el acuerdo del Concejo para la aprobación del plan regulador comunal.

Art. 9 Del alcalde o alcaldesa[editar]

El alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad ejecutiva del gobierno comunal, integra el concejo municipal y representa judicial y extrajudicialmente a la comuna.

El alcalde o alcaldesa ejercerá sus funciones por el término de cuatros años, pudiendo ser reelegido o reelegida consecutivamente sólo una vez para el período siguiente. Para estos efectos se entenderá que el alcalde o alcaldesa ha ejercido su cargo durante un período cuando haya cumplido más de la mitad de su mandato.

El alcalde o alcaldesa será elegido en votación directa, en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.

El alcalde o alcaldesa ejercerá la presidencia del concejo municipal.

Art. 10 De las delegaciones comunales[editar]

El alcalde o alcaldesa, con aprobación del Concejo Municipal, podrá establecer delegaciones para el ejercicio de las facultades de la comuna autónoma en los casos y formas que determine la ley.

Art. 11 De las unidades y juntas vecinales[editar]

Las comunas autónomas establecerán en el ámbito de sus competencias, territorios denominados unidades vecinales. Dentro de ellas, se constituirá una junta vecinal, representativa de las personas que residen en una misma unidad vecinal, que gozará de personalidad jurídica y será sin fines de lucro, cuyo objeto será hacer efectiva la participación popular en la gestión comunal y en el desarrollo de la comunidad, y las demás atribuciones que determine la ley.

En Comunas Autónomas con población rural, podrá constituirse además una Unión Comunal de Juntas Vecinales de carácter rural.

La ley dispondrá la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales, el procedimiento de constitución de las juntas vecinales y uniones comunales y sus atribuciones.

Art. 12 De la asamblea social comunal[editar]

La asamblea social comunal tiene la finalidad de promover la participación popular y ciudadana en los asuntos públicos de la comuna autónoma, de carácter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de la comuna.

Su integración, organización, funcionamiento y atribuciones serán establecidas por ley y complementada por el Estatuto Regional.

Art. 13 Del Estatuto Comunal[editar]

Cada Comuna Autónoma tendrá un Estatuto Comunal elaborado y discutido por el Concejo Municipal correspondiente, que establecerá la organización administrativa y funcionamiento de los órganos comunales, los mecanismos de democracia vecinal y las normas de elaboración de ordenanzas comunales. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de los mínimos generales que establezca la ley respectiva para todas las comunas autónomas.

Art. 14 De las competencias de la comuna autónoma[editar]

La comuna autónoma cuenta con todas las potestades y competencias de autogobierno para satisfacer las necesidades de la comunidad local.

Son competencias esenciales de la comuna autónoma:

  1. El desarrollo estratégico de la comuna mediante el plan de desarrollo comunal.
  1. La prestación de los servicios públicos que determine la ley.
  1. Construir las obras que demande el progreso local en el marco de sus atribuciones.
  1. La planificación del territorio mediante el plan regulador comunal acordado de forma participativa con la comunidad de su respectivo territorio.
  1. Garantizar la participación popular y el fortalecimiento de la democracia.
  1. El fomento del comercio local.
  1. El desarrollo sostenible e integral de la comuna.
  1. La conservación, custodia y resguardo de los patrimonios culturales y naturales.
  1. Fomento y protección a las culturas, las artes y los patrimonios culturales y naturales, así como la investigación y la formación artística en sus territorios.
  1. Proteger los ecosistemas comunales y los derechos de la naturaleza.
  1. —rechazado—
  1. Desarrollar, con el nivel regional y central, actividades y servicios en materias de educación, salud, vivienda, turismo, recreación, deporte y las demás que establezca la ley.
  1. Ejercer funciones de gobierno y administración dentro de la comuna y en el ámbito de sus competencias.
  1. Fomentar las actividades productivas.
  1. La creación, organización y administración de los servicios públicos municipales en el ámbito de sus funciones, conforme a la Constitución y la ley.
  1. La dictación de normas generales y obligatorias en materias de carácter comunal, con arreglo a la Constitución y las leyes.
  1. —rechazado—
  1. El fomento de la reintegración y reinserción de las personas en situación de calle que así lo requieran, mediante la planificación, coordinación y ejecución de programas al efecto.
  1. Ejercer las acciones pertinentes en resguardo de la Naturaleza ysus derechos reconocidos por esta Constitución y la ley.
  1. La ejecución de los mecanismos y acciones de protección ambiental en la forma que determine la Constitución, la ley, los instrumentos de gestión ambiental y normas afines.
  1. Las demás competencias que determinen la Constitución y la ley. Las leyes deberán reconocer las diferencias existentes entre los distintos tipos de comunas y municipalidades, velando por la equidad, inclusión y cohesión territorial.
  1. (número nuevo) Gestionar la reducción de riesgos frente a desastres.
  1. (número nuevo) Desarrollar el aseo y ornato de la comuna.
  1. (número nuevo) La promoción de la Seguridad ciudadana.
  1. Las Comunas Autónomas, a través de sus órganos de gobierno y administración, tendrán competencias preeminentes sobre las Regiones Autónomas y el Estado, en relación a las funciones de gobierno local que puedan ser cumplidas de modo adecuado y eficaz, sin perjuicio de una necesaria coordinación para su ejercicio y la distribución de competencias establecida en esta Constitución y las leyes.
  1. A fin de garantizar el respeto, protección y realización progresiva de los derechos económicos y sociales en igualdad de condiciones, las comunas autónomas podrán encomendar temporalmente una o más competencias a las región autónoma respectiva o al Estado central, conforme lo establecido en la ley.
  1. A petición del alcalde o alcaldesa con acuerdo del concejo municipal, la región autónoma o el Estado, cuando así lo exija el interés general, podrán subrogar de manera transitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas por la comuna autónoma.

Art. 16 De la asociatividad comunal[editar]

Las comunas autónomas podrán asociarse entre sí, de manera permanente o temporal, pudiendo dichas organizaciones contar con personalidad jurídica de derecho privado, rigiéndose por la normativa propia de dicho sector.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, las asociaciones quedarán sujetas a la fiscalización de la entidad contralora y deberán cumplir con la normativa de probidad administrativa y de transparencia en el ejercicio de la función que desarrollan.

Art. 17 De las Empresas Públicas Municipales[editar]

Las comunas autónomas, previa autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constitución y las leyes.

Las empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se regirán por las normas del derecho común.

Art. 18 Las provincias[editar]

La provincia es una división territorial establecida con fines administrativos y está compuesta por una agrupación de comunas autónomas, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.

Art. 19 De las Autonomías Territoriales Indígenas[editar]

Las Autonomías Territoriales Indígenas son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la ley. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las Autonomías Territoriales Indígenas, para el cumplimiento de sus propios fines.

Art. 21 De la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas[editar]

La ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados, a través de sus autoridades representativas.

Art. 22 De las competencias de las Autonomías Territoriales Indígenas[editar]

La ley deberá establecer las competencias exclusivas de las Autonomías Territoriales Indígenas y las compartidas con las demás entidades territoriales, de conformidad con lo que establece esta Constitución. Las Autonomías Territoriales Indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas.

Art. 25[editar]

El Estado de Chile reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con regulación normativa específica, que reconozca sus características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y económico. Una ley establecerá la división administrativa del maritorio y los principios básicos que deberán informar los cuerpos legales que materialicen su institucionalización.

Art. 26 Territorios especiales[editar]

Son territorios especiales Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández, los cuales estarán regidos por sus respectivos estatutos.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Constitución, la ley podrá crear territorios especiales en virtud de las particularidades geográficas, climáticas, ambientales, económicas, sociales y culturales de una determinada entidad territorial o parte de esta.

En los territorios especiales, la ley podrá establecer regímenes económicos y administrativos diferenciados, así como su duración, teniendo en consideración las características y particularidades propias de estas entidades.

Art. 28 Financiamiento[editar]

Para el cumplimiento de los fines establecidos en la creación de territorios especiales, el Estado y las entidades territoriales autónomas deberán destinar recursos de sus presupuestos respectivos, en conformidad a la Constitución y la ley.

Art. 30 Rapa Nui[editar]

En el territorio especial de Rapa Nui, el Estado garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía del pueblo nación polinésico Rapa Nui, asegurando los medios para financiar y promover su desarrollo, protección y bienestar en virtud del Acuerdo de Voluntades firmado en 1888, por el cual se incorpora a Chile. Se reconoce la titularidad colectiva de los derechos sobre el territorio al pueblo Rapa Nui con excepción de los derechos sobre tierras individuales de sus miembros. El territorio Rapa Nui se regulará por un estatuto de autonomía.

Art. 31 Archipiélago Juan Fernández[editar]

El Archipiélago Juan Fernández es un territorio especial, conformado por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk, Santa Clara, San Félix y San Ambrosio, así como también el territorio marítimo adyacente a ellas. El gobierno y administración de este territorio se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes respectivas.

Informe #3[editar]

Art. 1 De los tributos[editar]

Todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones que autorice la ley.

Art. 2 Descentralización fiscal[editar]

Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades gozan de autonomía financiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco establecido por esta Constitución y las leyes.

La Ley de Presupuestos de la Nación deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno.

El deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal será centralizada, conforme a lo dispuesto en esta Constitución.

Art. 3 De la no afectación[editar]

Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al erario público del Estado o a las entidades territoriales según corresponda conforme a la Constitución. Excepcionalmente, la ley podrá crear tributos en favor de las entidades territoriales que graven las actividades o bienes con una clara identificación con los territorios.

Art. 4 Prohibiciones en materia tributaria[editar]

La ley de Presupuestos no puede crear tributos ni beneficios tributarios. No procederán iniciativas populares ni plebiscito y referéndum en materia tributaria.

Art. 6 No discrecionalidad en la distribución de ingresos fiscales[editar]

La ley definirá el organismo encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer al Poder Legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos fiscales, de compensación fiscal entre entidades territoriales y de los recursos a integrar en los diversos fondos.

Para estos efectos se deberá considerar la participación y representación de las entidades territoriales.

Art. 7 Fondo para Territorios Especiales[editar]

La ley creará y regulará la administración de un Fondo para Territorios Especiales, cuyos recursos serán destinados exclusivamente a los fines para los cuales fueron creados.

Art. 8 De la autonomía financiera de las entidades territoriales[editar]

Las entidades territoriales mencionadas en el artículo 5 de esta Constitución gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica.

Art. 9[editar]

De los ingresos de las entidades territoriales Las entidades territoriales, de conformidad a la Constitución y las leyes, tendrán las siguientes fuentes de ingresos:

  1. Los recursos asignados por la Ley de Presupuestos del Estado.
  1. Los impuestos en favor de la entidad territorial
  1. La distribución de los impuestos establecida en la Ley de Presupuestos.
  1. Las tasas y contribuciones.
  1. La distribución de los fondos solidarios.
  1. La transferencia fiscal interterritorial.
  1. La administración y aprovechamiento de su patrimonio.
  1. Las donaciones, herencias y legados que reciban conforme a la ley.
  1. Otras que determine la Constitución y la ley.

Art. 10 Distribución de las potestades tributarias[editar]

Sólo la ley podrá crear, modificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a estos.

Las entidades territoriales solo podrán establecer tasas y contribuciones dentro de su territorio conforme a una ley marco que establecerá el hecho gravado.

Art. 12 Distribución de los impuestos[editar]

Los ingresos fiscales generados por impuestos serán distribuidos entre el Estado y las entidades territoriales en la forma establecida en la Ley de Presupuestos.

Durante el trámite legislativo presupuestario, el organismo competente sugerirá una fórmula de distribución de ingresos fiscales, la cual considerará los criterios de distribución establecidos por la ley.

Art. 13 Principios de autonomía y suficiencia[editar]

La autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y las leyes, en beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera.

(inciso 2º vuelve a comisión)

La suficiencia financiera se determinará bajo criterios objetivos tales como correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales, igualdad en las prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia.

Art. 14 Principio de coordinación[editar]

La actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general.

Este principio se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades que se atribuyan a las entidades territoriales.

Art. 15 Empréstito[editar]

Los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad a lo que disponga la ley, general o especial, la que establecerá al menos las siguientes regulaciones:

  1. a) la prohibición de destinar los fondos recaudados mediante emisión de deuda o empréstitos al financiamiento de gasto corriente.
  1. b) Los mecanismos que garanticen que la deuda sea íntegra y debidamente servida por el deudor.
  1. c) La prohibición del establecimiento de garantías o cauciones del fisco.
  1. d) El establecimiento de límites máximos de endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual del gobierno regional y municipal respectivo y la obligación de mantener una clasificación de riesgo actualizada.
  1. e) Restricciones en períodos electorales.
  1. f) Estos recursos no podrán ser destinados a remuneraciones ni a gasto corriente.

Art. 16 Solidaridad interterritorial[editar]

El Estado y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas.

La ley establecerá fondos de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal. El organismo competente, sobre la base de criterios objetivos, sugerirá al legislador los recursos que deberán ser integrados a estos fondos.

El Estado deberá realizar transferencias directas incondicionales a las entidades territoriales que cuenten con ingresos fiscales inferiores a la mitad del promedio ponderado de estas.

La ley establecerá un fondo de contingencia y estabilización macroeconómica para garantizar los recursos de las entidades territoriales ante fluctuaciones de ingresos ordinarios.

Art. 16 bis[editar]

Las regiones y comunas que cuenten con ingresos por sobre el promedio ponderado de ingresos fiscales, transferirán recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el promedio. El organismo competente sugerirá una fórmula al legislador para realizar tales transferencias.

Art. 20 Sostenibilidad ambiental[editar]

Es deber del Estado y de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.

Con el objeto de contar con recursos para el cuidado y la reparación de los ecosistemas, la ley podrá establecer tributos sobre actividades que afecten al medio ambiente. Asimismo, la ley podrá establecer tributos sobre el uso de bienes comunes naturales, bienes nacionales de uso público o bienes fiscales. Cuando dichas actividades estén territorialmente circunscritas, la ley debe distribuir recursos a la entidad territorial que corresponda.

Art. 21 Responsabilidad fiscal[editar]

Las entidades territoriales, sus representantes y sus autoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera, deberán asumir, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven con arreglo a la Constitución y las leyes.

Sin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad a que pueda dar lugar el incumplimiento de las obligaciones en materia financiera, la ley deberá establecer mecanismos para un resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva.

Art. 22 Eficiencia económica[editar]

El principio de eficiencia económica implica que las entidades territoriales deberán usar sus recursos de forma económicamente razonable, óptima y eficaz, en beneficio de sus habitantes y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan.

Art. 25 Transparencia tributaria[editar]

Anualmente la autoridad competente publicará los ingresos afectos a impuestos y las cargas tributarias estatales, regionales y comunales, así como los beneficios tributarios, subsidios, subvenciones o bonificaciones de fomento a la actividad empresarial, incluyendo personas naturales y jurídicas. También deberá estimarse anualmente en la Ley de Presupuestos y publicarse el costo de estos beneficios fiscales.

La ley determinará la información que deberá ser publicada y la forma de llevarla a cabo.

Art. 26 Mecanismos de participación en las entidades territoriales[editar]

Las entidades territoriales deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen.

Art. 27 Del ejercicio de la función pública[editar]

En el ejercicio de la función pública se deberá observar una conducta funcionaria intachable y responsable, desempeñando la función o el cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, con preeminencia del interés general por sobre el particular.

La función pública se deberá brindar con pertinencia territorial, cultural y lingüística.

Art. 28 De los servicios públicos[editar]

Es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio, los cuales contarán con un financiamiento suficiente.

El Estado planificará y coordinará de manera intersectorial la provisión, prestación y cobertura de estos servicios, bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y pertinencia territorial.

Art. 29 La Administración Pública[editar]

Los órganos de la Administración tienen por objeto satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. La Administración Pública ejecutará políticas públicas, planes y programas, y proveerá o garantizará, en su caso, la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente.

La Administración Pública se somete en su organización y funcionamiento a los principios de juridicidad, publicidad, celeridad, objetividad, participación, control, jerarquía, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, buen trato, primacía del interés general y los demás principios que señale la Constitución y la ley.

Cualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la Administración Pública podrá reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezcan esta Constitución y la ley.

Art. 31 Organización Administrativa[editar]

La ley establecerá la organización básica de la Administración Pública en el Estado y en las entidades territoriales. Cada autoridad y jefatura, dentro del ámbito de su competencia, podrá dictar normas, resoluciones e instrucciones para el mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones.

La ley podrá conferir, a lo menos, potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas, interpretativas y sancionatorias a los órganos de la Administración Pública. En ningún caso estas potestades implicarán ejercicio de jurisdicción.

Art. 32 Empleo público[editar]

La Administración Pública desarrolla sus funciones propias y habituales a través de funcionarias y funcionarios públicos.

El ingreso a estas funciones se realizará mediante un sistema abierto, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad e idoneidad para el cargo, observando en todo momento criterios objetivos y predeterminados.

El desarrollo, evaluación de desempeño y cese en estas funciones deberá respetar su carácter técnico y profesional. La ley regulará las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la movilidad de los funcionarios dentro de toda la Administración Pública y la capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el servicio.

La ley establecerá un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de las funcionarias y funcionarios públicos.

Los cargos que esta Constitución o la ley califiquen como de exclusiva confianza, atendiendo a la naturaleza de sus funciones, son parte del gobierno y tendrán el régimen de ingreso, desempeño y cesación que establezca la ley.

(inciso 6º vuelve a comisión)

Las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, no podrán ser nombrados en cargos de la administración pública respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo del Estado al que postulan. Se exceptúan los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera.

Art. 33 Sobre la modernización del Estado[editar]

Es deber del Estado definir mecanismos de modernización de sus procesos y organización, ajustando su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad.

El Estado deberá destinar recursos para que sus órganos adopten las medidas que resulten necesarias para la incorporación de avances tecnológicos, innovación y el mejor uso de los recursos que permitan optimizar la provisión de bienes y servicios públicos.

El Estado deberá fomentar los mecanismos de participación, la relación con las personas y promover la gestión eficiente y moderna, acorde a las necesidades de las personas y comunidades.

Art. 34[editar]

La ley encomendará a un organismo la elaboración de planes para promover la modernización de la Administración del Estado, monitorear su implementación, elaborar diagnósticos periódicos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y las demás funciones que establezca la ley.

Este organismo contará con un consejo consultivo cuya integración considerará, entre otros, a las y los usuarios y funcionarios de los servicios públicos y las entidades territoriales.

Art. 35[editar]

El Estado reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar.

El Estado promoverá el desarrollo integral de los territorios rurales.

Art. 36[editar]

El Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen.

Art. 37[editar]

El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad.

Art. 39[editar]

El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra.

Art. 41[editar]

El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, entre otros, como actividades fundamentales de la producción de alimentos.

Art. 45[editar]

El Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra.

Art. 46[editar]

El Estado es garante de la conectividad del país en coordinación con los gobiernos regionales.

Se fomentará la conectividad regional con especial atención a territorios aislados, rurales y de difícil acceso.

Art. 47[editar]

La designación de las y los representantes de los Ministerios y Servicios Públicos con presencia en la Región Autónoma será decisión de la Presidencia de la República.

Art. 48[editar]

Las regiones autónomas, para el cumplimiento de sus funciones, podrán establecer sus plantas de personal y las unidades de su estructura interna, en conformidad a la Constitución y la ley.

Estas facultades serán ejercidas por el Gobernador o Gobernadora Regional, previo acuerdo de la Asamblea Regional, cautelando la carrera funcionaria, su debido financiamiento y el carácter técnico y profesional de dichos empleos.

Art. 50 Atribuciones de la Asamblea Regional[editar]

Son atribuciones de la Asamblea Regional, en conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto Regional:

  1. Pronunciarse sobre la convocatoria a consultas o plebiscitos regionales.
  1. Administrar sus bienes y patrimonio propio.
  1. Aprobar, rechazar o modificar la inversión de los recursos de los fondos solidarios que se creen y otros recursos públicos que disponga la ley.
  1. Pronunciarse en conjunto con los órganos competentes respecto de los procedimientos de evaluación ambiental.

Art. 51 Ordenamiento Territorial[editar]

El Estado y las entidades territoriales tienen el deber de ordenar y planificar el territorio nacional. Para esto utilizarán unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas.

Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos y las actividades productivas, que permitan tanto un manejo responsable de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de equidad y justicia territorial para el bienestar intergeneracional.

La ordenación y planificación de los territorios será vinculante en las materias que la ley determine y realizada de manera coordinada, integrada y enfocada en el interés público, considerando procesos participativos en sus diferentes etapas.

Los planes de ordenamiento y planificación contemplarán los impactos que los usos de suelos causen en la disponibilidad y calidad de las aguas. Estos podrán definir áreas de protección ambiental o cultural.

Art. 55 De las instituciones estatales de educación superior[editar]

En cada región existirá, al menos, una universidad estatal y una institución de formación técnico profesional de nivel superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo a las necesidades locales.

Art. 56[editar]

Los Cuerpos de Bomberos de Chile son una institución perteneciente al sistema de protección civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados.

Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio.

La ley regulará el régimen de financiamiento y prestaciones sociales en época de vejez e invalidez.

Los Cuerpos de Bomberos de Chile se sujetarán en todas sus actuaciones a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas.

Polémica[editar]

Conflicto Asamblea Legislativa Regional, consejo regional y gobierno regional[editar]

Principalmente en el artículo 35.- De las atribuciones exclusivas del gobierno Regional, en sus primeros borradores se mencionaba la existencia de una asamblea legislativa regional que tuviera distintas facultades, ciertas propuestas incluían eliminar la palabra legislativa del nombre de la entidad, posteriormente se sugirió consejo regional, todos estos cambios provocaron una discusión extensa por cada uno de los puntos que indicaban las facultades de la entidad regional, finalmente se decidió optar por el nombre de Gobierno regional.

Conflicto originario por indígenas[editar]

En ciertos artículos del borrador de la constitución se presentaba el concepto de "pueblos originarios", el cual en cada una de sus apariciones Rivera, Arancibia, Jurgensen realizaban la indicación de que originarios debía ser reemplazado por indígenas, esto se puede ver en los artículos, finalmente en la versión final la palabra elegida fue "indígena". Salvo en un par de excepciones en otras comisiones.

Comparación Constitución de 1980[editar]

Según CPR 2022 / 1980 comparado constituyente hecho por Jaime Bassa, se contemplan las siguientes comparaciones en la nueva constitución de 2022 y en la de la constitución de 1980.

Tipo de estado[editar]

Principalmente en la constitución de 1980 se mencionaba que el estado de Chile era un estado unitario, en cambio, en el borrador se menciona que Chile está constituido por regiones autónomas, existiendo equidad y solidaridad, preservando una unidad e integridad del Estado, generado denominado Estado Regional. Por otro lado, en el borrador se menciona que el nuevo Estado será uno plurinacional e intercultural, reconociendo y admitiendo la coexistencia de distintas naciones y pueblos por el bien de la unidad del Estado.

Gobierno Regional[editar]

En la constitución vigente (1980) estipula que en cada región existe una administración superior que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región, de manera generalizada. En cambio, en el borrador actual se describen en mejor detalle cada una de las atribuciones que tendrá este gobierno regional, dada la nueva forma de estado regional que se plante, se debe realizar una asamblea regional para informar y detallar acerca de las distintas situaciones de las regiones.

Por otro, el gobierno regional puede ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto Regional, tal como se estipula en el articulo 35.

Del Territorio[editar]

La diferencia entre la constitución de 1980 y la nueva constitución 2022, es la especificación de los términos, es decir, se hace un despliegue de características del país, su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio y la inclusión de indivisible en su carácter unitario.