Nueva constitución de Chile/Comisión 5

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Índice[editar]

Introducción[editar]

Participantes[editar]

Sesiones[editar]

Sesión 1:[editar]

La sesión 1 fue celebrada el 18 de octubre de 2021. La primera sesión se hizo para constituirse y adoptar los acuerdos que le permitan dar cumplimiento general en cuanto a la actuación y al plazo de evaluación de propuestas.

Dentro de la sesión se manifestaron problemas reconocibles para abarcar dentro de la nueva constitución, así como los motivos de cada constituyente para pertenecer a esta comisión. Uno de los temas tocados en amplitud fueron las sequías generadas gracias a las diversas malas prácticas que se tiene con el medio ambiente gracias a la economía, ya sea por minería o por malas prácticas agrícolas.

Dentro del tema del agua se habló sobre el tema de la desprivatización del agua, de los ecosistemas fragilizado. Se menciona que la naturaleza es de todos y no de solo algunos.

También se menciona que un objetivo de la comisión es contribuir a un trabajo más integral, algo que las próximas generaciones merezcan.

Se señala que el objetivo de la comisión económicamente será crecer junto con el medioambiente y no contra él.

Acuerdos

  1. Llevar a cabo la elección de coordinadores en la próxima sesión de la Comisión
  2. Convocar la siguiente sesión de la comisión el día 20 de octubre de 2021, de 15:00 a 17:00 horas.

Sesión 2:[editar]

Se especifica que abordara la presente comisión. Artículo 66 del Reglamento General.

  • Medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes naturales comunes.
  • Derechos de la naturaleza y vida no humana.
  • Estatuto constitucional sobre minerales.
  • Derecho humano y de la naturaleza al agua y estatuto constitucional del agua.
  • Estatuto constitucional del territorio marítimo.
  • Desarrollo Sostenible, buen vivir y modelo económico.
  • Régimen público, económico y política fiscal.
  • Soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral y campesina.
  • Crisis climática.
  • Democracia ambiental, derechos de acceso a la participación, información y justicia ambiental.
  • Estatuto constitucional de la energía.
  • Estatuto constitucional de la tierra y el territorio.
  • Deber de protección, justicia intergeneracional, delitos ambientales y principios de no regresión ambiental, preventivo, precautorio y otros.
  • Estatuto Antártico y estatuto de glaciares y criósfera.
  • Reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad.

Se definen como coordinadores de la convención con 11 votos la convencional constituyente señora Camila Zárate, y la segunda mayoría con 10 votos a favor correspondió al convencional constituyente señor Juan José Martin.

Sesión 3:[editar]

Son electos como enlaces transversales: la convencional constituyente señora Gloria Alvarado y el convencional constituyente señor Felix Galleguillos.

Fue electa como integrante titular de la Comisión de Participación Popular la convencional constituyente señora Carolina Sepúlveda.

La convencional constituyente señora Isabel Godoy, resultando electa como integrante suplente Comisión de Participación Popular.

También se habló de los puntos de convivencia dentro de la convención constituyente. Los puntos son los siguientes:

  1. Cada intervención tendrá como máximo 3 minutos, pero pudiendo intervenir en más de una ocasión, con posibilidad de excepciones previamente avisadas.
  2. Segundo, para que la Secretaría de la Comisión envíe el link de Zoom de la sesión a las y los convencionales que no integran la Comisión, se solicitará el envío previo de un correo a medioambiente@chileconvencion.cl manifestando interés de participar, a lo menos una hora antes. Esto con el fin de asegurar la participación de todos, considerando los aforos.
  3. Y, como tercer punto, se comunica la existencia de un grupo de WhatsApp para agilizar la comunicación interna con todos los miembros de la Comisión. (No sustituye el correo institucional)

Sesión 4:[editar]

El primer punto del que se habló fue la proyección de las propuestas de cronograma de la Comisión.

En segundo lugar, se habló acerca de la programación de las audiencias que recibirá la Comisión.

Por último, se propuso que se citen a organizaciones expertas que ya hayan generado material acerca de los temas que se discutirán. Se mencionaron tres organizaciones, las cuales son:

  1. La Red de Constitucionalismo Ecológico.
  2. FIMA Fiscalía del Medio Ambiente.
  3. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA.

Sesión 5:[editar]

Temas[editar]

Crisis Climática[editar]

Artículo nuevo[editar]

Los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la Naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la Naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras.

Art. 1 Crisis climática y ecológica.[editar]

Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica.

El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza.

Art. 4 De los derechos de la Naturaleza[editar]

La Naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad.

El Estado a través de sus instituciones debe garantizar y promover los derechos de la Naturaleza según lo determine la Constitución y las Leyes.

Art. 9 De los derechos de la Naturaleza[editar]

La Ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la Naturaleza

Art. 12 A[editar]

Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y laatmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo, y los demás que declaren la Constitución y la ley.

Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire; los reconocidos por el derecho internacional; y los que la Constitución o las leyes declaren como tales.

Art. 12 B[editar]

Tratándose de los bienes comunes naturales que sean inapropiables, el Estado deberá preservarlos, conservarlos y, en su caso, restaurarlos. Deberá, asimismo, administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa.

Respecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce, con las finalidades establecidas en el artículo primero.

Art. 12 C[editar]

Cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales. La ley determinará el procedimiento y los requisitos de esta acción.

Art. 12 D[editar]

El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal, sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad.

Art. 19 Acceso responsable a la Naturaleza[editar]

Se reconoce a todas las personas el derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, entre otros que defina la ley.

(inciso 2º rechazado y excluido del debate constitucional)

La ley regulará el ejercicio de este derecho, las obligaciones de los propietarios aledaños y el régimen de responsabilidad aplicable, entre otros.

Art. 20 De la gestión de residuos[editar]

Es deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos, en la forma que determine la Ley.

Art. 23 De los animales[editar]

Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato.

El Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales.

Art. 23 B[editar]

El Estado protege la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres, en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia y no extinción.

Art. 26 Principios ambientales[editar]

Son principios para la protección de la Naturaleza y el medio ambiente, a lo menos, los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa.

Art. 33 Democracia ambiental[editar]

Se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental que conste en poder o custodia del Estado. Los particulares deberán entregar la información ambiental relacionada con su actividad, en los términos que establezca la ley.


Informe #2 Estatuto constitucional de las aguas permalink[editar]

Art. 1[editar]

El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza.

Siempre prevalecerá́ el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos.

Art. 2[editar]

El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento.

Art. 3[editar]

El Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado, a través del manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión.

Los Consejos de Cuenca serán los responsables de la administración de las aguas, sin perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia Nacional de las Aguas y otras instituciones competentes.

La ley regulará las atribuciones, funcionamiento y composición de los Consejos. Esta deberá considerar, a lo menos, la presencia de los titulares de autorizaciones de aguas, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo.

Los Consejos podrán coordinarse y asociarse cuando sea pertinente. En aquellos casos en que no se constituya un Consejo, la administración será determinada por la Agencia Nacional de Agua.

Art. 4[editar]

La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento, en conformidad a la Constitución y la ley.

Art. Nuevo[editar]

Los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la Naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la Naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras.

Art. 5[editar]

El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad a la ley.

Art. 9[editar]

El mar territorial y las playas son bienes comunes naturales inapropiables.

Art. 11[editar]

El Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas.

Art. 12[editar]

El territorio chileno antártico, incluyendo sus espacios marítimos, es un territorio especial y zona fronteriza en el cual Chile ejerce respectivamente soberanía y derechos soberanos, con pleno respeto a los tratados ratificados y vigentes. El Estado deberá conservar, proteger y cuidar la Antártica, mediante una política fundada en el conocimiento y orientada a la investigación científica, la colaboración internacional y la paz.

Art. 13[editar]

De los humedales, bosques nativos y suelos El Estado, como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y conectividad hídrica.

Art. 14 De las Áreas Protegidas[editar]

El Estado, a través de un sistema nacional de áreas protegidas, único, integral y de carácter técnico deberá garantizar la preservación, restauración y la conservación de espacios naturales. Asimismo, deberá monitorear y mantener información actualizada relativa a los atributos de dichas áreas, y garantizar la participación de las comunidades locales y entidades territoriales.

Art. 15[editar]

Los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio priorizarán la protección de las partes altas de las cuencas, glaciares, zonas de recarga natural de acuíferos y ecosistemas. Estos podrán crear zonas de amortiguamiento para las áreas de protección ambiental.

Art. 17[editar]

Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables.

Art. 18[editar]

El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales.

Art. 21[editar]

Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura.

Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos.

El Estado deberá regular y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental.

La infraestructura energética es de interés público.

El Estado fomentará y protegerá las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo.

Estatuto constitucional de los minerales permalink[editar]

Art. 22[editar]

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas.

La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental.

Art. 23[editar]

El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros.

Art. 24[editar]

Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare.

Art. nuevo[editar]

Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 no se aplicará a las arcillas superficiales.

Art. 25[editar]

El Estado deberá regular los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o paralización, en la forma que establezca la ley. Será obligación de quien realice la actividad minera destinar recursos para reparar los daños causados, los pasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos en los territorios en que ésta se desarrolla, de acuerdo a la ley. La ley especificará el modo en que esta obligación se aplicará a la pequeña minería y pirquineros.

Art. 28 A bis[editar]

El Estado adoptará las medidas necesarias para proteger la pequeña minería y pirquineros, las fomentará y facilitará el acceso y uso de las herramientas, tecnologías y recursos para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad.

Art. 30[editar]

Es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio con fines pacíficos y científicos.

El Estado impulsará medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno, según las necesidades territoriales.

Art. 32[editar]

El Estado participa en la economía para cumplir con los objetivos establecidos en esta Constitución.

El rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico.

El Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, disponiendo de sus potestades públicas, en el marco de sus atribuciones y competencias, en conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley.

El Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular.

Art. 34[editar]

El Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva.

Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine.

Sin perjuicio de esto, en lo pertinente, serán aplicables las normas de derecho público sobre probidad y rendición de cuentas.

Art. nuevo[editar]

El Estado tendrá el deber de fijar una Política Nacional Portuaria, la cual se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero; responsabilidad ambiental, poniendo especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales; la participación pública de los recursos que genere la actividad; la vinculación con territorios y comunidades donde se emplacen los recintos portuarios; establecimiento de la carrera profesional portuaria, reconociéndose como trabajo de alto riesgo; y la colaboración entre recintos e infraestructura portuaria para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades.

Art. 43[editar]

El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados.

Art. 47[editar]

Todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado debe garantizar este derecho.

Art. 48[editar]

El Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental.

Art. 49[editar]

Todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida, en la forma que determine la ley.

Art. 51[editar]

Es deber del Estado garantizar una educación ambiental que fortalezca la preservación, conservación y cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la Naturaleza, y que permita formar conciencia ecológica.

Polémica[editar]

El 3 de mayo del 2022 se aprobó una norma que consistía en que "el Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras. En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado". El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, comentó que "comprende una estatización del cobre, dejando a los privados con una participación minoritaria". Otros expertos en el tema creen que se refiere a que no se podrá privatizar Codelco.

En pocas palabras, lo que la Comisión aprobó que sólo el Estado explotará la minería a no ser que se asocie con privados manteniendo al menos el control de la propiedad.

Comparación Constitución de 1980[editar]

Según CPR 2022 / 1980 comparado constituyente hecho por Jaime Bassa, se contemplan las siguientes comparaciones en la nueva constitución de 2022 y en la de la constitución de 1980.

Protección del medio ambiente[editar]

La diferencia entre estas ambas constituciones es la inclusión del concepto de 'la Naturaleza'.

Otros Art.[editar]

Con artículos 1, 4, 9, 20, 23, 23 B, 26 y 33 de la nueva constitución, no contempla los contenidos que abarcan en la constitución de 1980.