Chile y Latinoamérica en el siglo XX/Las trasformaciones económicas y sociales del Gobierno Militar

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Chile y Latinoamérica en el siglo XX


El siguiente tema a tratar será sobre las transformaciones económicas y sociales de la Dictadura Militar. La Dictadura militar fue un período de la Historia de Chile que se desarrolló desde el 11 de septiembre de 1973, cuando los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros dan un Golpe de Estado y derrocan al gobierno de Salvador Allende; hasta el 11 de marzo de 1990, cuando Augusto Pinochet entrega el poder al presidente (Patricio Aylwin) elegido en las elecciones efectuadas en diciembre de 1989. El problema a plantear será entonces, cómo influyeron las transformaciones y medidas efectuadas por la Dictadura Militar en la vida económica y social de nuestro país. Para poder desarrollar este tema se plantearan tres elementos o ideas centrales. En primer lugar abarcaremos el punto referido a la economía del país durante las postrimerías del siglo XX. En segundo lugar hablaremos de las transformaciones sociales que sufrió el país durante el quiebre de la democracia. Y en tercer lugar nos referiremos a los conflictos económicos y sociales que comienzan a desatarse en la década de los ’80 y que provocan el término del régimen militar.


Respecto a la primera idea podemos decir que las transformaciones económicas hechas por la Dictadura Militar pretendieron disminuir el tamaño e ingerencia del Estado, así como crear las bases para el fortalecimiento de un sector privado eficiente. Influenciado por la Escuela de Chicago, el equipo económico impulsó el modelo de economía social de mercado o neoliberalismo, en el cual el Estado no es el propietario de los medios de producción, sino que estos quedan en manos de los privados. La base teórica de esta tendencia fue un texto conocido como El Ladrillo.

En abril de 1975 se tomaron las primeras medidas económicas, que implicaron un severo programa de estabilización y que provocaron un verdadero “shock”: se redujo fuertemente el gasto fiscal; disminuyó el empleo del sector público, de modo que éste en 1976 era un 30% menor que en 1973; el gasto real del Estado decreció en un 27%; el déficit fiscal bajó de un 8,9% del Producto Nacional Bruto a un 2,9%; se aumentaron las tasas de impuesto; se levantó la mayoría de los controles de los precios; se devaluó el peso; se eliminaron los subsidios; se redujeron los aranceles a las importaciones y se liberalizaron las tasas de interés. En el año 1976 aparecieron los primeros resultados positivos, a mediados de ese año el Banco Central anunció una reevaluación en 10% del peso, el diario El Mercurio expresó que esta medida significaba el comienzo del “despegue” económico; y no se equivocaron ya que en los años siguientes se produjo un crecimiento económico acelerado: se mantuvo una rigurosa disciplina fiscal y monetaria, gracias a la cual en 1979 ya no hubo déficit fiscal; la inflación bajó gradualmente hasta llegar a un 31% en 1980 y a un 9% en 1981; las exportaciones no tradicionales se triplicaron. Por primera vez después de muchos años la balanza de pagos arrojó fuertes excedentes y el ingreso per cápita aumentó en un 2% anual. Entre 1976 y 1981 el Producto Interno Bruto creció a una tasa anual de 6,6%, fundamentalmente gracias al auge de las exportaciones.

El nivel de vida de las personas mejoró, aumentando el consumo. Chile se llenó de productos importados que antes eran inaccesibles para el común de la gente y las ciudades más importantes del país fueron invadidas por modernos centros comerciales. Por todas partes comenzó a hablarse del “milagro económico chileno” que permitiría salir del subdesarrollo y la pobreza. Los buenos indicadores de la economía atrajeron a los inversionistas extranjeros, que llegaron al país con sus capitales, reforzando la idea de una economía en ascenso. Este auge económico provocó un alto nivel de consumo, tanto de las empresas como de los particulares, y todos se endeudaron: las personas, para comprar televisores y otros lujos; las empresas, para ampliar sus instalaciones o simplemente para aprovechar las convenientes opciones de crédito. Las deudas y el gasto crecieron más rápido que la capacidad productiva, y la economía comenzó a crecer a un ritmo mucho más acelerado que sus posibilidades. Los efectos de la nueva crisis que se comenzó a desatar en 1979 entraron de lleno a la economía nacional en 1982. En ese año subieron los intereses que había que pagar a los bancos, los empresarios “sobreendeudados” quebraron; muchos bancos debieron ser intervenidos por el Estado; el PIB registró una caída violenta de un 15%; y la tasa de desempleo subió hasta alcanzar 758.000 personas cesantes.

La crisis económica dio origen a serios problemas políticos, y fue ésta la primera ocasión en que el gobierno debió enfrentar violentas manifestaciones de protestas en las calles; la oposición manifestó su total rechazo a la dictadura y exigió la renuncia del presidente Pinochet. Sin embargo, el gobierno logró mantener el control de la situación política y, a comienzos de 1985 se entregó la conducción de la política económica a un nuevo equipo encabezado por Hernán Büchi. Büchi mantuvo el fomento a las exportaciones y su diversificación; se comenzó una ronda de privatizaciones, alrededor de 400 empresas estatales fueron traspasadas a manos privadas, incluyendo entre ellas: ENDESA, CHILECTRA, IANSA y CAP. Con las nuevas orientaciones económicas, Chile volvió a demostrar que se estaba desarrollando a un ritmo mucho más acelerado que los demás países de la región.


En relación a la segunda idea, los primeros años del régimen militar fueron planteados como la lucha contra el comunismo y la subversión. Para ello se decretó el Estado de Sitio y se ordenó detener a los protagonistas del gobierno de la Unidad Popular, así como a diversos grupos opositores. Esta política llevó a que se cometieran muchas violaciones a los Derechos Humanos. Numerosas personas fueron detenidas, recluidas, torturadas e incluso muertas. Un gran número de personas debió abandonar el país por orden del gobierno, pasando a vivir así en el exilio. Es importante señalar que este período de la Historia de Chile se caracterizó por la instauración de un gobierno de corte autoritario: se prohibieron los partidos políticos, se suspendió el ejercicio de la Constitución de 1925 y se clausuró el Congreso, lo que significó que senadores y diputados dejaran sus funciones. Las tareas legislativas las asumieron las Comisiones Legislativas, encabezadas por los miembros de la Junta Militar.

En materia laboral, se redactó el nuevo Código del Trabajo (1981), en este documento quedó fuertemente reflejado el renovado enfoque económico y social del Gobierno Militar. La idea central consistió en liberalizar las relaciones laborales, y pasar a un modelo de carácter asociativo que combinara la negociación colectiva con la negociación individual, es decir, se buscó limitar el poder de los sindicatos, considerado excesivo y una traba para la productividad y eficiencia de las empresas. Los efectos de esta nueva política laboral fueron notorios; los sindicatos no solamente perdieron su poder de negociación sino a muchos de sus afiliados (en 1973, existían más de 900 mil sindicalizados, mientras que en los años noventa, la cifra no alcanzaba a más de 600 mil). Otro efecto, fue el auge de un nuevo agente económico, las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que hoy constituyen una de las principales fuentes de ocupación de mano de obra.

En el área de la salud, en 1981 aparecieron los Institutos de Salud Previsional (Isapres) que tienen como objetivo la administración de las prestaciones médicas de sus afiliados. Este sistema ha impulsado el desarrollo de la salud privada, al poner a disposición de los trabajadores una amplia oferta de servicios de salud, lo que se ha convertido en una opción respecto del sistema público o Fonasa. En relación con las pensiones, se aumentó en cinco años la edad para jubilar: para los hombres, la edad para jubilar quedó fijada en 65 años y para las mujeres, en 60 años. Paralelamente se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones. (AFP), que son un sistema obligatorio que funciona a base de un porcentaje del sueldo de cada trabajador; este monto se acumula para dar origen a un fondo de pensión. La importancia de esta reforma, decretada en 1980, residió en que se dejaba atrás la concepción redistributiva del Estado. Las antiguas Cajas de Ahorro operaban con criterios de reparto solidario de los fondos, mientras que las nuevas administradoras optaron por un sistema de pensiones basado en el ahorro individual. Las Administradoras de Fondos de Pensiones hicieron a la población atractivas ofertas que la llevarían en forma gradual a incorporarse a este nuevo sistema. Constituyen un dato interesante de analizar, el hecho de que algunos países latinoamericanos, como México, gracias a la accesoria de ejecutivos chilenos, estén introduciendo este sistema en su política provisional. Es preciso acotar que este sistema(AFP)ha sido solo posible llevarlo a cabo en países subdesarrollados. Los países desarrollados conservan el sistema Tripartito, el mismo que teníamos antes en Chile.--Juan Pedro 17:08 19 dic 2008 (UTC)

Como si fuera poco, la educación en conjunto fue reformulada con el objetivo de descentralizarla. La administración de los establecimientos escolares fiscales pasó masivamente a manos de las municipalidades y de esta manera, se puso fin al Estado docente, impulsado a partir de la presidencia de Pedro Aguirre Cerda a comienzos de la década de los ´40. Además, se aumentaron considerablemente las subvenciones a la educación particular. Este proceso afectó también a la educación superior. Dicho sector se abrió a la iniciativa privada y a la sistematización del mecanismo de financiamiento, y se buscó reestructurar el aparato burocrático de las universidades que ya existían. La medida puso fin a las universidades gratuitas, para inaugurar nuevos tipos de universidades: las regionales y las privadas. En la década de 1980 apareciendo explosivamente establecimientos educacionales privados en todo el país.

El gobierno de los militares, también realizó una reforma habitacional: el Estado se limitó a conceder subsidio a las personas y familias de escasos recursos; la construcción de las viviendas sociales quedó a cargo de empresas particulares. Es interesante, hacer un examen comparativo de la políticas de vivienda seguida de los años sesentas y hasta 1987. Al respecto, el ex-ministro de la Vivienda del Gobierno de Frei Montalba, Juan Hamilton, declaro al Mercurio con fecha 29 de Diciembre de 1987,basándose en cifras del Banco Central que: “La construcción habitacional durante el Gobierno de Pinochet, medida con los padrones tradicionales en la materia, alcanza a un promedio annual de 33.745 viviendas. Esa cifra es inferior a los dos Gobiernos anteriores. En el de Frei fue de 40.604 y en el de Allende 51.132”. Lo anterior es a pesar de que la comparación adolece de una distorsión que favorece al actual Gobierno: hasta 1982, solo se consideraban las viviendas de mas de 36 metros cuadrados, pero a partir de 1983, este Gobierno bajo esa exigencia a 28 metros cuadrado” dijo. Hamilton expreso que evaluada la misma tarea en relación con la exigencias de la población, en constante crecimiento, se llega a la conclución de que las tres administraciones anteriores la cumplieron mejor que la Dictadura.--Juan Pedro 18:41 19 dic 2008 (UTC)


Por otra parte, la Dictadura Militar creó una nueva institucionalidad mediante la Constitución de 1980, que fue sometida a consulta plebiscitaria el 11 de septiembre de ese año, siendo aprobada por el 67% de los votantes. Con ella se buscaba crear una democracia sólida y protegida. La oposición, no obstante, consideró la votación antidemocrática e ilegítima, porque no contaba con las garantías mínimas, ya sea de registros electorales o de acceso a los medios de comunicación. Desde la creación de esta carta fundamental se generó una serie de controversias frente a su contenido y legitimidad. Pese a ello y sólo con algunas modificaciones ha sido implementada en el país desde entonces. , La Constitución de 1980 significo un quiebre absoluto con la tradición constitucional chilena.

En todos los Reglamentos constitucionales y Constituciones anteriores a 1980 se dio al Congreso, y especialmente al Senado, atribuciones importantes en relación a los militares. Las solas excepciones del Reglamento constitucional de 1814 y la Constitución provisoria de 1818 confirman lo dicho. Siempre el Congreso debio aprobar la designación de oficiales superiores. Las excepciones, atribuibles a la guerra que arreciaba, dejaron radicada -en todo caso- la atribución sin cortapisas en el director supremo.

Ni los directores supremos ni los presidentes de la República desde 1811 tuvieron limitaciones para el nombramiento de los comandantes en jefe ni tampoco para su reemplazo o destitución. En ninguna Constitución los militares fueron "garantes" de la institucionalidad. En ninguna hubo algo parecido al Consejo de Seguridad Nacional ni existieron instancias en que los comandantes en jefe pudieran actuar en igualdad de condiciones con las autoridades derivadas de la soberania. En ninguna Constitución las FF.AA. tuvieron la autonomía -presupuestaria inclusive- de que gozan actualmente. Por lo tanto, la Constitución de 1980 significo un quiebre absoluto con la tradición constitucional chilena y configura un hecho insolito en el derecho comparado. Rompe el principio de la division de poderes y a las funciones propias de las FF.AA. agrega otras ligadas a la soberania. Esta concepción viciada de ilegitimidad de origen por haber sido imposición de la dictadura, no ha sido legitimada por el ejercicio y la vigencia de la Carta Fundamental. A las criticas y denuncias formuladas por la Izquierda y otras fuerzas democráticas, se suman otras hechas por personeros de Derecha, Citamos dos: la primera es de Andres Allamand, ex presidente de RN, y la segunda -bastante anterior- corresponde a los planteamientos del ex presidente de la República, Jorge Alessandri, ya fallecido. Tanto Allamand como Alessandri apoyaron la dictadura.

"A las funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas se agregaron nuevos roles inspirados en ineditos criterios: los mas salientes eran que las Fuerzas Armadas, mas que obedientes al presidente de la República debian serlo al 'ordenamiento institucional', el que se les atribuya el carácter de elemento cohesionador de nación, expresión permanente del Estado y de la Patria por encima de las contingencias políticas 'llegando incluso a insinuarse una equivalencia con la corona en los países monarquicos y que se les otorgase constitucionalmente el aludido rol de 'garantes de la institucionalidad'".

En otra parte, Allamand cuestiona la legitimidad de la Constitución. Dice "la arquitectura política" de la Constitución de 1980 ya no es modelo al interior del país "porque simplemente no concita los grados mínimos de aceptación que serían necesarios para atribuirle tal carácter". Y rechaza su supuesta condición de "modelo exportable ya que los principios en que se fundan las instituciones mas controvertidas de la Constitución de 1980 no serían aceptables en ningún país que mantenga correspondencia con el desarrollo de los valores democráticos dominantes en el mundo".

Hay que señalar que en su momento el carácter de las imposiciones del poder militar fue considerado inaceptable por el ex presidente Jorge Alessandri, figura emblemática de la derecha que dirigia el Consejo de Estado en el cual se elabora el proyecto constitucional. Alessandri renuncio en señal de protesta. Uno de sus hombres de confianza, amigo del ex mandatario durante mas de veinte años, el ingeniero Edgardo Boetsch explico: "Por que renuncio Alessandri al Consejo de Estado?..." "... los artículos determinantes fueron los (números) 93,95 y 196 porque tienden a radicar el poder no en el gobierno elegido por el pueblo soberano, sino en las FF.AA. y de Orden. Según Alessandri estas reciben sus armas de la República. Si además la Constitución les otorga el poder político, lo ejerceran necesariamente. El presidente de la República impedido de remover a los comandantes en jefe y al director general de Carabineros sin el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional integrado mayoritariamente por ellos mismos, pasa a ser un subordinado de las FF.AA. Alessandri llego a sostener que ningún civil que se respete podía ser presidente de la República con tales antecedentes".--Juan Pedro 18:41 19 dic 2008 (UTC)

Respecto de la tercera idea señalada se puede decir que la junta militar tuvo su primer quiebre el año 1978 como resultado de los conflictos que venían produciéndose entre los generales Leigh y Pinochet; el primero anunció que el año 1983 se cumpliría el plazo para retornar a la democracia, cuestión en la que Pinochet no estaba de acuerdo. El general Leigh fue destituido y reemplazado por el general Fernando Matthei, décima antigüedad de la Fuerza Aérea. En este período, además, comenzaron las primeras manifestaciones de abierta disidencia hacia el Gobierno Militar. Las parroquias cobijaron a grupos de jóvenes, mujeres, pobladores y cesantes que comenzaban a reorganizarse en búsqueda de ayuda solitaria y expansión cultural después de los años más duros del control político, entre 1973 y 1978. Las primeras manifestaciones públicas contra el Gobierno Militar tuvieron lugar en el año 1979, cuando un grupo de personas salió a las calles para conmemorar a los “Mártires del Trabajo”. El 1º de mayo, en Santiago, más de 300 trabajadores se reunieron durante algunos minutos convocados por la Central Nacional Sindical y el Frente Unitario de Trabajadores, encabezados por Clotario Blest y Manuel Bustos, respectivamente.

La recesión o crisis económica (1982) fue el detonante de las protestas populares. Los motivos que tuvo la población para salir a manifestarse a las calles fueron muchos: los bajos salarios o el desempleo, la privatización de la seguridad social y la fragmentación del sindicalismo, la falta de libertades y la intención de terminar con el régimen. Aunque ya existían manifestaciones aisladas, la primera gran protesta organizada contra el Régimen Militar fue convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, el 11 de mayo de 1983. Este fue el inicio de sucesivas protestas acompañadas por “caceroleos” y bocinazos. El país parecía haberse puesto de pie en contra de Pinochet y su gobierno. Los partidos políticos de oposición comenzaron a hacerse cargo de organizar y representar el movimiento de protesta, surgiendo así un gran bloque de centro-izquierda, que se constituía en una amenaza seria para el gobierno de los militares.

Durante las protestas, las ciudades muchas veces se quedaron sin luz, producto de los atentados. Carabineros y militares copaban las calles, los recintos universitarios, las poblaciones marginales. A lo largo de estas jornadas se produjo un número importante de muertos, la mayoría de ellos simples manifestantes. El gobierno se veía tambaleante. Sin embrago, los augurios de un pronto fin del Régimen Militar, cuyo punto más alto se alcanzo en 1986, en el llamado “año decisivo”, no se cumplieron. El repunte que comenzó a evidenciar la economía ayudó también a estabilizar el Gobierno Militar. No obstante, tres años más tarde el régimen militar llegaría a su fin y la democracia nuevamente se ejercería en el país.


En resumen, durante los 17 años que duró el Gobierno Militar se emprendieron reformas sociales y económicas profundas que cambiaron el rostro del país. La liberalización de la economía emprendida por los equipos económicos del gobierno militar, aceleraron un proceso de modernización económica en Chile. Debido a que -fuera del difícil momento de 1982-, el periodo de transición a la democracia dejó una economía sólida y con proyecciones de desarrollo. Produciéndose así la diversificación de la economía al exportar productos diferentes a los tradicionales y competitivos en el mercado internacional. Además, se reforzó la modernización del Estado, privatizando no sólo empresas estatales, sino que también los servicios sociales, de la salud y de la educación. Sin embargo, el crecimiento económico estuvo aparejado a un alto costo social, expresado en la pérdida de derechos sociales y laborales para los trabajadores, en periodos de cesantía y en crecientes grados de pobreza, exclusión social, la inequitativa distribución del ingreso y el descenso preocupante de las actividades culturales y científicas. En otras palabras, el Chile emprendedor avanzó muy rápido, pero no logró dar respuesta a problemas sociales. Los gobiernos de centro- izquierda, que han ejercido el poder desde los años 90, después del régimen militar, han asumido la tarea de mantener las principales bases del modelo económico y de dar punto final a las carencias a nivel social que durante 1970 y 1989 no se pudieron satisfacer.

En fin, el Gobierno militar fue un largo periodo de nuestra historia que se considera la base de lo que hoy somos, debido a las diversas transformaciones y medidas tomadas por Pinochet y su gobierno a nivel económico y social –incluyendo cambios políticos, educacionales y culturales- que hasta la actualidad perduran. No obstante, por mucho que se ganó y mejoró en la vida económica de la población chilena es indudable considerar que la integridad de cada persona se vio muy dañada producto de las innumerables violaciones a los derechos humanos. Es decir, nada sacábamos con tener dinero, o sea una economía estable, sino se era feliz (la gente tenía recursos para vivir pero no sabía si tendría la posibilidad de utilizarlos, ya que vivían con el miedo constante de ser asesinados en cualquier momento por un militar) La buena o mala gestión en la Economía del Gobierno Militar se puede valorar al ver el resultado promedio de los diecisiete años que fue un 2.8% de crecimiento.--Juan Pedro 16:52 19 dic 2008 (UTC)