Impactos ambientales/Estudios de caso

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Estos estudios de casos corresponden a la experiencia del Banco en dos ámbitos importantes en los que el reasentamiento es un componente del proyecto de desarrollo. Los casos, que abarcan desde proyectos terminados hasta proyectos recientes, reflejan los cambios introducidos en los procedimientos y las prácticas del Banco en lo que atañe a los reasentamientos y aportan datos valiosos acerca de los problemas y el potencial de los programas de reasentamiento.


Proyecto hidroeléctrico ARENAL (Costa Rica)[editar]

Dátos básicos[editar]

  • País: Costa Rica
  • Fecha de aprobación: Octubre de 1974
  • Fecha último desembolso: Diciembre de 1980
  • Costo total del proyecto:
    • US$91,01 millones (estimado)
    • US$178,9 millones (real)
  • Contribución del BID:
    • US$50,5 millones (estimada)
    • US$50,5 millones (real)
  • Contrapartida local:
    • US$40,5 millones (estimada)
    • US$128,4 millones (real)
  • Costo de reasentamiento/
    • Estimado: US$4,1 millones (4,5% del costo total)
    • prestatario: Real: US$16,3 millones (17,97% del costo total)
  • Costo de reasentamiento: US$6.540 por persona (real)
  • Número de afectados: 500 familias (2.500 personas)
  • Número de reasentados 1,208 personas

Descripción del proyecto[editar]

El proyecto consistía en la construcción de una presa de tierra de 70 metros que retiene un embalse regulador multianual de aproximadamente 1,2 kilómetros cúbicos de capacidad útil. El embalse alimenta tres unidades generadoras, cada una de ellas con una capacidad de 52,5 MW.

Los objetivos principales del proyecto eran:

  • i) aumentar la capacidad instalada de generación hidroeléctrica para satisfacer la demanda de energía proyectada;
  • ii) incrementar y regular el caudal del río Santa Rosa para alimentar el propuesto proyecto hidroeléctrico de Corobicí ubicado aguas abajo; y
  • iii) desplazar un caudal regulado para el riego de aproximadamente 120.000 hectáreas.

La construcción del proyecto hizo necesario el reasentamiento de la aldea de Tronadora, un asentamiento dedicado a la agricultura, y del pueblo de Arenal, un centro comercial estratégico.

La agencia encargada de la ejecución del componente de reasentamiento era una organización interinstitucional formada por el Sector de Energía del Instituto Costarricense de Electricidad. En 1974, al comprobarse que el grupo interinstitucional no había dado el resultado esperado, el ICE creó la Oficina de Reasentamiento con el mandato de realizar estudios, planificar y evaluar el proceso de reasentamiento y asegurar que las familias afectadas participaran en todos los pasos de ese proceso.

Estrategia de reasentamiento y resultados[editar]

Los dos objetivos básicos del reasentamiento eran:

  • 1) mejorar el nivel de vida de la población afectada; y
  • 2) crear un proyecto integrado para el desarrollo físico, social y económico de las nuevas comunidades.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) emprendió una completa labor de planificación para que el reasentamiento fuera satisfactorio. La estrategia comprendió diez fases diferentes, que incluyeron estudios básicos y consultas con la población afectada.

Se crearon dos comunidades nuevas. Nueva Tronadora consiste en 150 parcelas cuya superficie va de 1,5 a 3,5 hectáreas, 54 lotes urbanos, 130 casas e infraestructura de apoyo que comprende una red de agua potable, servicio de electricidad e iluminación pública, tanques sépticos, calles pavimentadas y teléfonos públicos. Los servicios públicos incluyen un centro comunal, un puesto de la guardia rural, una oficina de correos y telégrafos, un centro de atención de salud y una biblioteca pública.

Nuevo Arenal consta de 149 parcelas cuya superficie va de 0,5 a 8 hectáreas, 199 lotes urbanos que van de 600 a 1.200 metros cuadrados y 325 casas. La infraestructura de apoyo es similar a la de Nueva Tronadora, al igual que los servicios públicos, con la adición de una escuela primaria, una iglesia y una plaza de recreo.

Durante el período anterior al traslado a la ubicación actual, la Oficina de Reasentamiento estableció en Arenal y Tronadora sendos “Comités pro Defensa” (CPD) con el cometido de velar por los intereses de las comunidades y de representarlas ante el ICE. El grupo de trabajo colaboró con representantes de los grupos en las negociaciones de los pagos a los distintos propietarios de las tierras.

Las estrategias centrales de rehabilitación apuntaban a proporcionar parcelas agrícolas y apoyo para la cría intensiva de ganado, usando pasturas artificiales. Se establecieron parcelas de demostración para estimular el uso de prácticas agrícolas provechosas e introducir la producción de café. El plan de reasentamiento determinó que la población afectada instalara sus nuevas comunidades antes de que se establecieran los nuevos planes económicos y sociales. A medida que el ICE iba estableciendo las prácticas agrícolas experimentales, negociaba con bancos para que proporcionaran recursos a las comunidades reasentadas. La adopción de las nuevas prácticas fue opcional para cada interesado. La Oficina de Reasentamiento trabajó con cada hogar durante el período de transición de dos años y promovió la formación de organizaciones comunales.

El reasentamiento de las comunidades de Tronadora y Arenal, planificado de forma integral, mejoró su infraestructura y les facilitó los recursos necesarios (tierras, asistencia técnica, servicios sociales) para su desarrollo socioeconómico.

El proyecto también modificó la estructura de tenencia de la tierra y la actividad agrícola de la zona, particularmente para los habitantes de la ciudad de Arenal y del valle de la laguna Arenal. Antes del proyecto, la propiedad de la tierra se hallaba concentrada en grandes establecimientos pertenecientes a unos pocos terratenientes ausentes, y la fuente principal de ingresos era el empleo como campesino asalariado. Después del proyecto, la mayoría de las familias posee su propia tierra y obtiene su sustento de actividades agrícolas en pequeña escala.

Bibliografía[editar]

  • Banco Interamericano de Desarrollo, Análisis de Ejecución de Proyectos (PPR-15/84). Proyecto Hidroeléctrico Arenal, Costa Rica. Oficina de Evaluación de Operaciones, Oficina del Contralor. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1984.
  • Banco Interamericano de Desarrollo, Análisis de Ejecución de Proyectos (PPR-9/82). Proyecto Hidroeléctrico Arenal, Costa Rica. Oficina de Evaluación de Operaciones, Oficina del Contralor. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1983.
  • Banco Interamericano de Desarrollo. Proyecto Hidroeléctrico Arenal, Costa Rica. Informe de proyecto (PR-669- A). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1974.
  • Banco Interamericano de Desarrollo. Proyecto Hidroeléctrico Arenal, Costa Rica. Contrato de préstamo. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1975.
  • Banco Interamericano de Desarrollo. Proyecto Hidroeléctrico Arenal, Costa Rica. Informe de terminación de proyecto (PCR). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1981.

Proyecto hidroeléctrico Sobradiño (Brasil)[editar]

Datos básicos[editar]

  • País: Brasil
  • Fecha de aprobación: Diciembre de 1973
  • Fecha del último desembolso: Diciembre de 1982
  • Costo total del proyecto:
    • US$725,2 millones (estimado)
    • US$2.048,6 millones (real)
  • Contribución del BID:
    • US$84,8 millones (estimada)
    • US$81,9 millones (real)
  • Contrapartida local:
    • US$495,5 millones (estimada)
  • Contribución del BIRF:
    • US$73 millones (estimada)
  • Financiamiento paralelo:
    • US$71,9 millones (estimado)
  • Costo de reasentamiento:
    • US$11,9 millones (estimado)
    • US$62 millones (real)
  • Costo per cápita del reasentamiento: US$450 por persona (estimado)
  • Número de reasentados: 14.000 familias (estimado)

Descripción de la usina (en portugués)[1]

Descripción del proyecto[editar]

Sobradinho fue uno de los seis proyectos hidroeléctricos planificados en el río San Francisco. El proyecto estaba destinado únicamente a absorber la creciente necesidad de energía y controlar el nivel del agua en la represa Paulo Alfonso, aguas abajo. Tendría una capacidad instalada de 1.500 MW, un vertedero de 3,4 km de largo y 36 m de alto, y se crearía un lago de 4.150 kilómetros cuadrados, que inundaría terrenos en seis municipalidades, incluidos cuatro pueblos y numerosas aldeas rurales. Se estimó que serían desplazadas unas 14.000 familias (alrededor de 70.000 personas).

El organismo de ejecución fue la CHESF (Companhia Hidro-Eletrica do São Francisco), bajo la dirección del Ministerio de Minas y Energía. La CHSEF trabajó en estrecho contacto con el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), al que correspondía la responsabilidad del reasentamiento de la población rural. El embalse se llenó entre 1977 y 1978 y la presa se construyó de acuerdo con lo planificado, aunque hubo grandes sobrecostos y demoras.

Estrategia de reasentamiento y resultados[editar]

El plan de reasentamiento de Sobradinho se completó en abril de 1975, 14 meses después de la aprobación del préstamo. El documento contenía información útil, descriptiva y de diagnóstico acerca de las condiciones geofísicas y socioeconómicas, pero carecía de un plan operativo con marcos cronológicos, asignación de la responsabilidad o mecanismos de participación de la comunidad. Además, un error en la encuesta de la población afectada hizo que las estimaciones que elegiría la gente en cuanto al reasentamiento y la compensación fueran equivocadas. Las estimaciones se basaron en las características de una sola municipalidad (Casa Nova), cuya estructura social y demográfica resultó ser diferente a la de las otras cinco municipalidades. El plan proyectaba que el 10% de la población encontraría empleo en la construcción, el 10% aceptaría una indemnización en efectivo, el 30% optaría por reasentarse en las vecindades del nuevo lago y el 50% elegiría trasladarse al proyecto de colonización del INCRA en Bom Jesus de Lapa, a unos 1.000 kilómetros de Sobradinho. Las encuestas estaban mal diseñadas. No se había hecho una evaluación de los posibles efectos sobre la actividad económica. El sitio de Lapa no había sido objeto de un análisis adecuado y la población afectada no había participado en el diseño del proyecto. En definitiva, el 19% aceptó una indemnización en efectivo y se trasladó por su cuenta, el 70% permaneció en las cercanías y sólo el 8% optó por trasladarse a la colonia del INCRA en Lapa.

Tanto en los reasentamientos a la orilla del lago como en Lapa surgieron serios problemas que provocaron sobrecostos, agitación social y, en definitiva, mayores penurias para la población afectada. Fueron insuficientes la asistencia técnica, los servicios sociales básicos y la asistencia económica en forma de crédito, herramientas, etc. A lo largo de la ribera del lago se produjo una polarización de la riqueza, porque los agricultores más prósperos aprovecharon la ola de especulación con las tierras y el acceso al crédito para hacerse de los terrenos de los agricultores más pequeños. A raíz de esto, muchos agricultores se vieron carentes hasta de los medios para mantener un nivel de subsistencia en su producción económica. Los planes de instalación de pesquerías nunca se llevaron a la práctica. Se establecieron apenas algunas de carácter comercial, la mayoría de las cuales excluyó a la población local de esta actividad potencialmente lucrativa. El aspecto más positivo del reasentamiento se registró en las zonas urbanas que crecieron desde la terminación de la presa y completaron el desarrollo de la infraestructura básica. Sin embargo, esas zonas urbanas están atrayendo precaristas desempleados de la región circundante. Debido a la planificación deficiente y sus repercusiones, la región ha sido escenario de conflictos sociales. La iglesia y otros grupos han manifestado una firme oposición a los arreglos de reasentamiento y, en general, muchas personas terminaron por marcharse de los lugares de reasentamiento planificados.

Bibliografía[editar]

  • Banco Interamericano de Desarrollo. Análisis de ejecución de proyecto. Proyecto Hidroeléctrico Sobradinho, Brasil: El componente de reasentamiento de población (PPR-18/84). Oficina de Evaluación de Operaciones, Oficina del Contralor, Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1984.
  • Fernandes Serra, M. T. Resettlement Planning in the Brazilian Power Sector: Recent Changes in Approach; en Cernea y Guggenheim, edtores. Anthropological Approaches to Resettlement, Westview, Colorado, 1993.

Proyecto de desarrollo urbano integrado en Buenaventura (Colombia)[editar]

Datos básicos[editar]

  • País: Colombia
  • Fecha de aprobación: Octubre de 1977
  • Fecha del último desembolso: Junio de 1986
  • Costo total del proyecto:
    • US$78 millones (estimado)
    • US$96,5 millones (real)
  • Costo de reasentamiento*:
    • US$5,2 millones (estimado)
    • US$6,4 millones (real)
  • Número de hogares reasentados:
    • 1.675 familias (estimado)
    • 548 familias (real)
Nota: La cifra representa el costo de la urbanización sin incluir el costo de la construcción de viviendas, que se financiaron con un programa paralelo del Gobierno de Colombia que no estaba sujeto a la supervisión del Banco. Es probable que, al tener en cuenta el costo de construcción de viviendas, el costo total de la urbanización se haya duplicado.

Descripción del proyecto[editar]

El proyecto fue llevado a cabo en la “Zona de Baja Mar”, una zona residencial marginal en la ciudad portuaria de Buenaventura. El proyecto, que comprendía ocho subprogramas, educación, urbanización, agua y saneamiento, calles y terminal de autobuses, mercado, electrificación, promoción industrial y fortalecimiento institucional, tenía por objeto construir la infraestructura material y social necesaria, promover el desarrollo industrial de la ciudad a largo plazo y fortalecer la capacidad administrativa de la municipalidad.

El préstamo se desembolsó con cuatro años de atraso con respecto al calendario y tuvo sobrecostos equivalentes a un 20,5% debido, en parte, a la complejidad y alcance del proyecto y a problemas de diseño. Salvo en lo que atañe al componente de urbanización (viviendas y traslados), el proyecto ha tenido un efecto positivo en el entorno material de la ciudad y en el nivel de vida de sus habitantes.

Las demoras más prolongadas y los problemas más serios se plantearon en el componente de urbanización. En diciembre de 1986 menos de la mitad de los lotes con servicios habían sido construidos, adjudicados y ocupados.

El Instituto de Crédito Territorial (ICT) asumió la responsabilidad de construir las casas y proporcionar financiación adicional a las familias que la necesitaran para adquirir las viviendas completas. El ICT no proporcionó soluciones de vivienda apropiadas y, a mitad de la ejecución del proyecto, la Corporación del Valle del Cauca (CVC), el organismo de ejecución, asumió la responsabilidad del componente de urbanización y traslado.

Estrategia de reasentamiento y resultados[editar]

El objetivo del reasentamiento era despejar vastas porciones de los tugurios pantanosos de Baja Mar. Inicialmente, la estrategia de reasentamiento se limitaba al suministro de viviendas y no incluía medidas de rehabilitación económica. Debido a errores en el diseño y a la falta de participación de la comunidad, el reasentamiento no tuvo buenos resultados y, en última instancia, el proyecto nunca ofreció una alternativa viable a la mayoría de los residentes en Baja Mar y tal vez haya contribuido a empeorar las condiciones en que vivían.

La identificación y definición de los destinatarios se basó en hipótesis incorrectas, errores conceptuales, datos básicos, económicos y demográficos incorrectos y estudios socioculturales inadecuados. Los estudios de base subestimaron el número total de hogares en Baja Mar en una tercera parte. No evaluaron con precisión la estructura de empleo de los hogares de Baja Mar, no detectaron la enorme importancia de su proximidad con el mar y no evaluaron acertadamente la disposición de los habitantes a desplazarse. Como consecuencia de estas deficiencias, los planificadores del proyecto creyeron que, simplemente por el hecho de vivir en condiciones deficientes, los residentes de Baja Mar estarían ansiosos de trasladarse a casas nuevas y mejores.

La mayoría de los residentes de Baja Mar rechazó los lugares de urbanización. El ICT no se dio cuenta de que más del 54% de los jefes de familia de Baja Mar ganaban su sustento en ocupaciones relacionadas con el mar y que el 60% lo hacía dedicándose a actividades artesanales o informales. El desplazamiento hacia los lugares de urbanización, situados más de 10 km hacia el interior, alejaba a los reasentados del acceso a sus principales fuentes de empleo y a la economía informal de alimentos y servicios que aseguraba su subsistencia.

Las soluciones de vivienda fueron diseñadas sin el aporte de la comunidad y desestimaban características sociales y demográficas de los hogares de Baja Mar, que abarcan varias generaciones y grados de parentesco, así como las características de las viviendas de Baja Mar, construidas con grandes salas y patios. Las unidades de vivienda construidas para el proyecto se basaban en diseños estándar del ICT, orientados a satisfacer las necesidades de vivienda de familias pequeñas y mononucleares, y resultaron demasiado pequeñas para la mayoría de las familias de Baja Mar.

Bibliografía[editar]

  • Banco Interamericano de Desarrollo. Evaluación ex post (OER-56/88). Programa de Desarrollo Urbano Integrado de Buenaventura. Subprograma de Vivienda y Relocalización, Colombia. Oficina de Evaluación de Operaciones. Oficina del Contralor, Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1988.
  • Banco Interamericano de Desarrollo. Programa de Desarrollo Urbano Integrado de Buenaventura, Colombia. Informe de proyecto (PR-824). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1977.

Programa de Saneamiento e Infraestructura básica en Fortaleza (Brasil)[editar]

Datos básicos[editar]

  • País: Brasil
  • Fecha de aprobación: Septiembre de 1992
  • Fecha del último desembolso: Diciembre de 1996
  • Costo total del proyecto:
    • US$265,5 millones
  • Contribución del BID: US$199,2 millones
  • Contrapartida local: US$66,4 millones
  • Costo de reasentamiento: US$8,08 millones (contribución del

prestatario)

  • Número de hogares reasentados: 2,900 familias (estimado)

Descripción del proyecto[editar]

El propósito principal del programa es mejorar las condiciones de vida de la ciudad de Fortaleza mediante obras de alcantarillado y desagüe y la recogida y eliminación apropiada de desechos sólidos. Son objetivos afines el fortalecimiento de las instituciones y entidades estatales o municipales responsables, llevar a cabo una campaña de educación ambiental y lograr un uso más eficaz del agua, mediante la instalación de medidores centrales y domiciliarios.

Las zonas elegidas para el mejoramiento son los distritos con mayor densidad de población (el 77% de la población de la ciudad), donde los asentamientos al azar han modificado las características naturales.

Para lograr los objetivos, las obras comprenden la instalación de aproximadamente 148.000 conexiones con el sistema de alcantarillado; la construcción de 1.025 km de alcantarillas, 28,8 km de redes cloacales, 21,5 km de tuberías interceptoras y diez estaciones de bombeo; un incinerador para los hospitales de la ciudad y la recuperación del vaciadero principal que se usa actualmente para eliminar los desechos en Fortaleza.

El organismo de ejecución del proyecto es el Departamento de Desarrollo Urbano y Protección del Medio Ambiente (SDU). La institución responsable del reasentamiento es la Companhia de Habitaçao de Ceará (COHAB), entidad poseedora de un buen historial en materia de reasentamientos. En un programa anterior, que se ejecutó entre 1987 y 1991, fueron construidas más de 8.000 casas, y una medida de su reputación es la larga lista de espera de solicitantes que tiene.

El plan de reasentamiento y los resultados[editar]

El elemento fundamental del plan de reasentamiento es un método de organización de la comunidad en cooperativas denominadas “sociedades de ayuda mutua” que construyen sus propias casas. La COHAB provee los terrenos, los mejora para que sean habitables, paga los materiales de construcción y ofrece asistencia técnica y supervisión.

En un documento en dos volúmenes figura un plan detallado de reasentamiento que comprende un estudio de base de la población afectada con datos censales, económicos y sociales. También se describe el método de ayuda mutua. En el plan se prevé que cada familia recibirá un lote con servicios básicos de 110 metros cuadrados, ubicado en zonas con acceso a escuelas y otros servicios sociales. El plan de reasentamiento identificó 66 lugares, con un total de 42 hectáreas, todos dentro de un radio de 1.200 metros del sitio de origen. Los sitios se encuentran al alcance de los lugares de empleo y, por ende, no se ha previsto que el traslado cause perturbaciones económicas. Se prevé convertir las zonas desalojadas en lugares de recreo o cercados para evitar invasiones. Se ha previsto que el reasentamiento ocurra a lo largo de 21 meses.

Constituía un aspecto especial del plan la especial atención que prestaba a las mujeres, las cuales, según el estudio de base, eran las principales organizadoras de las sociedades de ayuda mutua. Los planificadores trabajaron sobre la base de las pautas de organización social existentes, dejando que las mujeres asumieran funciones de liderazgo como coordinadoras de los trabajos de construcción. Las sociedades han sido bautizadas con nombre que indican el tono optimista del reasentamiento, como “Unidos para Vencer”, “Nueva Conquista”, “Juntos Venceremos”, “Primavera”, “Renacer” y “Buena Esperanza”.

Según el último informe sobre la marcha del proyecto, de fecha 23 de febrero de 1995, se habían trasladado 595 familias y 449 habían sido indemnizadas. Las nuevas viviendas habían sido conectadas a los servicios de agua potable y electricidad, y las sociedades de ayuda mutua informaban rápidamente a las autoridades de la COHAB y facilitaban las líneas de comunicación. Por consiguiente, el programa de reasentamiento avanza conforme a lo previsto y, al parecer, sin problemas graves.

Bibliografía[editar]

  • Banco Interamericano de Desarrollo. Propuesta de préstamo BR-0186 - SANEFOR. Documento de préstamo. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1992.
  • Dirección de Saneamiento y Urbanización/Dirección de Vivienda de Ceará (SDU/COHAB). Plan de Reasentamiento de SANEFOR (volúmenes 8 y 9 del plan maestro), 1989.
  • Banco Interamericano de Desarrollo. Misión del BID en el Brasil. 23 de febrero de 1995. Informe de inspección de proyecto.
  • Departamento de Urbanización y Protección Ambiental (SDU). Resumen ambiental para SANEFOR.


Cartografía digital y drenaje urbano para Rio de Janeiro (Brasil)[editar]

Datos básicos[editar]

  • País: Brasil
  • Fecha de aprobación: Enero de 1995
  • Fecha del último desembolso: Mayo del 2000 (estimado)
  • Período de desembolso: 5 años
  • Costo total del proyecto: US$60 millones
  • Contribución del BID: US$30 millones
  • Contrapartida local: US$30 millones
  • Costo del reasentamiento: US$3 millones
  • Contribución del BID: US$1,6 millones
  • Contribución del prestatario: US$946.000
  • Número de reasentados: 652 familias (3,600 personas)

Descripción del proyecto[editar]

El objetivo de este proyecto es complementar los proyectos generales de saneamiento básico del sector de la Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Los dos subproyectos propuestos son uno de cartografía digital, que dará como resultado un mapa catastral digitalizado de Río de Janeiro y creará una base de datos automatizada, y un programa de drenaje urbano para la construcción de una serie de obras a fin de prevenir las inundaciones y mejorar el transporte en una de las zonas con mayor densidad de población en la municipalidad.

El sector de la Bahía de Guanabara es un importante centro industrial y portuario para el estado y para el país y ocupa una superficie de 300 km cuadrados. En 1991 se estimó que 7,3 millones de personas vivían en la cuenca que alimenta la bahía y la zona ha experimentado un aumento sostenido de la población. La municipalidad de Río de Janeiro se encuentra dentro de la cuenca. Los servicios y la infraestructura urbanos de la región se han deteriorado debido al aumento de la población y a las crisis económicas de los años ochenta. Como resultado, la entrada a la bahía de aguas residuales no tratadas, basura no recogida, emisiones de materiales orgánicos y derrames de petróleo de las refinerías y terminales vecinas ha provocado un alto grado de contaminación.

El proyecto de cartografía digital debe mejorar la recaudación de impuestos y los procedimientos para la concesión de títulos de propiedad de tierras, mientras que el proyecto de drenaje urbano debe mejorar uno de los principales cursos de agua de Río.

El organismo de ejecución del proyecto es la Coordenadoria de Recursos Externos (CRE) de la Secretaría Municipal de Fazenda (SMF). La SMF encomendará las actividades de reasentamiento a la Empresa Municipal de Urbanizaçao (RioUrbe), que depende de la Secretaría Municipal de Obras y Servicios Públicos. RioUrbe contrató con la recién creada Secretaría de Vivienda (SEH) el desarrollo del plan de reasentamiento y la ejecución. La SEH convino en contratar una firma consultora para llevar a cabo el proyecto de reasentamiento.

Plan de reasentamiento[editar]

La primera versión del plan de reasentamiento se presentó en marzo de 1994 y en ella se estimaba que habría que reasentar a unos 700 familias residentes en 12 favelas ocupadas ilegalmente, a orillas de los ríos Faria y Timbo. La SEH y RioUrbe realizaron una verificación de este cálculo en mayo de 1994. Las estructuras de vivienda identificadas eran una combinación de madera y ladrillos, indicadoras de una escala de familias de ingresos medianos a bajos. El perfil demográfico muestra una cifra elevada de mujeres y niños, típica de los grupos de bajos ingresos. Debido a que el lugar está ocupado ilegalmente, no se han hecho inversiones en servicios públicos como saneamiento, agua potable o electricidad.

Hasta ahora, los organismos de ejecución no han realizado encuestas detalladas por temor a fomentar la especulación y despertar expectativas que puedan provocar un aumento de la inmigración. La estimación del valor de las estructuras de vivienda se ha hecho difícil, por la ausencia de información catastral. Los residentes en la zona se encuentran organizados en una asociación vecinal que trabaja con objeto de mejorar el acceso a los servicios y el bienestar de sus miembros. A instancias del Banco, la solución original para el reasentamiento (que habría conllevado el traslado a nuevas viviendas a 60 km de distancia) fue descartada en favor de cuatro opciones, consistentes en el traslado a un nuevo lugar, una indemnización en efectivo por el traslado por cuenta propia, la adjudicación de lotes con servicios en un vasto terreno vecino que carece de infraestructura o el traslado a varias parcelas más pequeñas que son de propiedad de la municipalidad.

Se prevé que el 70% de los interesados se inclinará por la tercera opción, es decir, por el traslado a un lugar cercano cuya urbanización habrá de emprenderse apenas se obtenga financiación. Otro 5% de la población afectada quizá opte por trasladarse a viviendas ya existentes a 60 km de distancia, mientras que el 14% podría optar por la indemnización en efectivo. Finalmente, alrededor del 10% de las familias se trasladaría a las parcelas más pequeñas adquiridas en fecha reciente por la municipalidad.

Además de las soluciones de vivienda, la municipalidad tiene la intención de proveer una amplia variedad de servicios sociales para ayudar en el proceso de ajuste y transición. Se daría prioridad a las familias reasentadas para la inclusión en proyectos existentes de capacitación laboral, desarrollo de aptitudes, educación, etc. Esos programas de rehabilitación son de la competencia de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social (SMDS).

Las consultas con la comunidad se realizan mediante reuniones públicas con dirigentes comunitarios. La municipalidad se propone firmar un protocolo de intención con dirigentes comunitarios en el que consten los acuerdos básicos y otras medidas de participación de la comunidad.

Bibliografía[editar]

  • Banco Interamericano de Desarrollo. Proyecto de cartografía digital y drenaje urbano para la munipalidad de Río de Janeiro (Guanabara), Brasil. Informe de proyecto (PR-2023). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1994.